Cuentas preliminares realizadas por el gobierno revelaron que el saldo de recursos que podrán ser destrabados y convertidos en políticas de expansión de la banda ancha dentro del nuevo PNBL gira en torno a los US$ 9.200 millones.
Dos tercios de ese monto provendrían de recursos negociados por Términos de Ajuste de Conducta (TAC) –que plantea el intercambio de multas por inversiones en infraestructura-, y un tercio sería aportado por la variación del Valor Presente Líquido (VPL) de las concesiones de servicios en la transformación a autorizaciones. Según cuentas del gobierno, cada año en que las concesiones puedan ser operadas en regímenes de autorizaciones generarían una ganancia de cerca de US$ 310 millones. Proyectando desde 2017 hasta el final de las concesiones, serían cerca de US$ 2.780 millones. A esto hay que sumar las multas de Oi con Anatel, aquellas que aún están en Auditoría y las judicializadas, que en la conversión por TAC virarían obligaciones.