Convergencia Research, Consultoría especializada en Latinoamérica y Caribe
martes 11 de abril de 2017

“Los planes TICs tienen que ser ambiciosos pero realistas a la vez”

En el marco del lanzamiento del Estudio Desafío 2020 segunda parte, que identifica las oportunidades de mejora en las políticas públicas y regulaciones para crear entornos que reduzcan la brecha digital, realizado por Convergencia Research para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América latica –Cet.la, Juan Jung, director de Políticas Públicas de Asiet, amplió las definiciones del informe.

Juan Jung - Crédito: Asiet
Juan Jung - Crédito: Asiet

<strong>Convergencialatina (CL): ¿En qué aspectos podría haber más trabajo público-privado en las definiciones de los planes TICs?

Juan Jung: Evidentemente, cada cual tiene su rol. Del lado de las empresas, competir, invertir en infraestructuras, innovar introduciendo las últimas tecnologías y planes comerciales que puedan adaptarse a los diferentes tipos de usuarios. Del lado de los gobiernos, promover un marco regulatorio equilibrado y que incentive la inversión, contribuir a dar valor a la conectividad y mantener un rol activo en aquellas áreas en las que el mercado por sí mismo no alcanza. Por tanto, el saber combinar adecuadamente la voluntad de liderazgo de los gobiernos, con el emprendimiento de los operadores es crucial. Los planes TIC deben enmarcarse en este contexto, siendo ambiciosos pero realistas a la vez, acompañados de políticas integrales como planes de alfabetización digital, estímulo a la economía digital desarrollada localmente, y por supuesto, incentivos y facilidades para el despliegue de infraestructuras. En ese sentido, es importante que el sector público cuente con la participación del sector privado en las etapas de diseño e implementación de los planes. La realización de prácticas como las consultas públicas, las mesas de trabajo temáticas entre gobiernos e industria y los foros sectoriales suponen un gran aporte.                                              

CL: ¿Cuál consideran que sería el modelo para que las acciones que promuevan la baja del precio de los servicios de telecomunicaciones en toda la cadena de valor sean sostenibles en un entorno de necesidad de altas inversiones?

Jung: La práctica evidencia que el bienestar social se maximiza cuando los usuarios pueden acceder a servicios de mejor calidad a menores precios. Para ello, se necesita de los resultados eficientes que generan los mercados en competencia. Y cuando decimos mercado, nos referimos a todos aquellos que involucran a los diversos actores del Ecosistema Digital. Los cambios que han acontecido en la cadena del valor del Ecosistema Digital en los últimos años han configurado escenarios que antes eran impensados. Ahora, tenemos empresas que pese a estar ubicadas formalmente en distintos eslabones de esa cadena de valor, compiten entre sí directamente porque ofrecen productos que a la luz de los usuarios, son equivalentes o sustitutos.

Para la sostenibilidad futura es clave que el mercado funcione eficientemente, sin asimetrías regulatorias por tipo de plataforma, ni distorsiones de ningún tipo. Los precios de conectividad han venido bajando consistentemente en los últimos años, tal como lo reflejan los datos de la CEPAL. La calidad de las redes se ha venido incrementando. Por ejemplo, la velocidad promedio de conexión en banda ancha fija ha aumentado más del 120% desde 2010 según Akamai. En la región se han invertido más de US$ 330.000 millones acumulados entre 1996 y 2014. Sin embargo, los desafíos que tenemos demandarán aún más esfuerzos en materia de inversión. Y para ello es fundamental contar con normativas balanceadas, livianas, y convergentes.

Otro aspecto fundamental que deberán contemplar los marcos regulatorios es la flexibilidad en materia comercial para incentivar la competencia y creatividad, en aras de mejorar los niveles de asequibilidad a los sectores más relegados de la población con menor nivel de ingresos y para quienes poder elegir aquella oferta más adaptada a su capacidad de pago resulta decisivo en su inserción digital. De ahí la importancia de la flexibilidad que permita el desarrollo de ofertas múltiples escalables, como en el caso de la banda ancha móvil en opción de consumo diario (o por hora) a límites de capacidad de descarga en planes de pospago, pasando por planes con atributos basados en servicios (correo electrónico, redes sociales, etcétera), por ejemplo. 

CL: ¿Cómo se garantizaría que la baja en los niveles tributarios de los operadores, que propone el documento, se traslade a una mayor inclusión digital de los sectores con menos recursos?

Jung: En términos generales, los consumidores, tanto desde el acceso (equipos y activación) como por el uso de servicios, así como las empresas, enfrentan una fuerte tributación en América Latina, mayor que la de otros sectores de la economía. Lamentablemente hay ejemplos en la región incluso de aplicación de gravámenes específicos a las telecomunicaciones, lo que genera enormes dificultades para avanzar hacia el cierre de la brecha digital. Ello es particularmente perjudicial para los sectores de menores ingresos, llevándoles a restringir o disminuir su consumo de servicios.

Un aspecto clave a considerar desde las políticas públicas es que los consumidores latinoamericanos son particularmente sensibles a los cambios en los precios de los dispositivos y servicios. La respuesta de la demanda ante variaciones en los precios es tal, que resulta indudable que reducciones impositivas que reduzcan los precios se trasladarán a mayores niveles de inclusión digital por parte de la población.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas de los gobiernos es importante considerar que, desde una perspectiva dinámica y de mediano plazo, la evidencia demuestra que menores tributos a las TIC no implican necesariamente una menor recaudación para los Estados, por el contrario, niveles de tributación reducidos pueden generar mayores ingresos permanentes a futuro. Esto es debido a que en la medida en que la penetración y el uso de las telecomunicaciones aumentan, la actividad económica general se expande incrementando la base gravable y por tanto aumentando la recaudación. Colombia supone un claro ejemplo en ese sentido. En 2007 la exención fiscal a PCs de bajo precio generó mayores ingresos fiscales y beneficios económicos que las pérdidas sufridas por la adopción de la medida, según dan cuenta los estudios que se hicieron en la materia.

CL: ¿De qué manera la política pública puede fortalecer o capacitar al usuario en cuanto a la adopción de nuevos servicios digitales?

Jung: Desde luego se trata de un aspecto clave desde donde las políticas públicas tienen importantes espacios de mejora. En un escenario donde 1 de cada 2 latinoamericanos no acceden al uso de Internet vale la pena cuestionarse, más allá de las barreras de asequibilidad, hasta qué punto la relevancia tanto de contenidos y aplicaciones y/o las capacidades digitales suponen barreras al acceso. Es necesario promover más la apropiación social, dotando de valor a la conectividad, tanto para particulares como para las empresas. Desde el ámbito de políticas públicas mucho puede hacerse en la materia, ya sea promoviendo el gobierno electronico, el e-health, la educación a distancia, e incluso el uso intensivo de Internet en el tejido empresarial, aspectos que servirán de catalizadores no sólo para lograr el cierre de la brecha digital, sino también para avanzar hacia sociedades más justas, productivas e innovadoras. 

CL: ¿Qué elementos les hacen falta a los reguladores para aumentar su independencia tanto de la autoridad política como de las influencias de algunos actores del sector privado?

Jung: Un elemento decisivo, y tal como recomienda la OCDE, es que las actividades de regulación de la competencia sean independientes de las de formulación de políticas sectoriales a fin de evitar el riesgo de injerencia política y los conflictos de intereses.

Así, tal como se definió en el regulatory tracker de la UIT, una autoridad reguladora independiente (es decir, independiente en términos financieros, estructura y toma de decisiones) está en línea con las mejores prácticas internacionales. La independencia aumenta la eficacia de un regulador, tanto en los asuntos de procedimiento como en las acciones para alcanzar los objetivos sociales y económicos deseados. Y ello contribuye a generar seguridad jurídica y certezas, lo que tan necesario es para promover la inversión.

Por otra parte, más allá de la clara separación de funciones, una de las cuestiones en las que existe oportunidad de mejora en la mayoría de países de nuestra región es en la coexistencia de una orientación técnica y política de los criterios de selección de las autoridades regulatorias.

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