Un año y medio después de entrar en recuperación judicial, y luego de numerosas idas y venidas entre lo que pedían los acreedores y los accionistas, además de la postura de la Justicia y del gobierno durante todo este proceso, Oi logró aprobar su plan de recuperación en la Asamblea General de Acreedores iniciada el martes 19 de diciembre, y concluida en la madrugada de este miércoles 20. Fueron casi 15 horas de sesión que dieron como resultado la conformidad de un plan de recuperación de la empresa, con cambios realizados a lo largo del día, y aprobado por prácticamente el 100% de los acreedores en casi todas las categorías. La propuesta no varía demasiado de la presentada hace una semana.

Como se había anticipado, Anatel y la Procuraduría General de la Nación (AGU, por sus siglas en portugués) votaron en contra y fueron prácticamente los únicos acreedores de su tipo en oponerse al plan. Como este escenario estaba previsto por la empresa, el plan fue cambiado y Anatel, en la práctica, ingresó como otro acreedor más, en las mismas condiciones de todos que los votaron en contra. El resultado mostró que la estrategia de Oi superó a la del gobierno, porque si Anatel y AGU hubieran votado a favor, habrían recibido mejores condiciones. De hecho, el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) votó a favor y fue determinante para el éxito de la aprobación del plan. El BNDES, por ser acreedor único en su clase, tenía en la práctica poder de veto a cualquier plan. Los bancos públicos (Banco do Brasil y Caixa) también votaron a favor y tendrán el tratamiento previsto en el plan de recuperación.

La posición de Anatel requirió ayer otras cuatro horas de reunión entre sus dirigentes para mantenerse. Hace más de seis meses que los directores de Anatel negociaban con diferentes esferas del gobierno las salidas legales para que las multas que fueran incluidas en la lista de créditos plausibles de descuento en recuperación judicial pudieran tener un tratamiento diferenciado, sin reducción. Pero el gobierno nunca se interesó por esta pelea de Anatel. De hecho, hasta último momento la ministra de la AGU, Grace Mendonça, todavía admitía la necesidad de un instrumento legal para tratar los créditos de las multas, algo que descartó la última semana.

Al defender el plan, Eurico Teles, CEO de Oi, dijo que no teme una avalancha de acciones judiciales y señaló que la aprobación fue casi unánime y producida por las cuatro clases de acreedores: en la obrera, fue aceptado por el 100% de los presentes; en la individual (que también estaba el BNDES), se aprobó; en la clase de los bancos, bonos y Anatel, la aprobación fue del 72,17% (en referencia al valor total de los créditos); y en la de pequeñas y medianas se aprobó en un 99,8%.

Ahora, Oi inicia la segunda etapa de su plan, que es conseguir vencer las inevitables batallas judiciales contra los acreedores insatisfechos (incluyendo el gobierno), accionistas, aprobar el plan en segunda instancia y, sobre todo, llegar al momento de capitalización, cuya fecha límite ahora fue establecida el 28/02/19. Este proceso será esencial para la empresa pues los recursos previstos en la capitalización son que los que garantizarán el colchón de nuevas inversiones para Oi.