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martes 06 de febrero de 2018

Las próximas elecciones y el disenso complican el nuevo Plan Nacional de Conectividad

Los comicios presidenciales de octubre próximo hacen dudar que el actual proyecto para modificar la Ley de Telecomunicaciones logre consenso para su tratamiento.

El Plan Nacional de Conectividad que el gobierno brasileño lanzó en consulta pública en 2017, en búsqueda de definir los nuevos lineamientos de la próxima Ley de Telecomunicaciones, demandará bastante tiempo hasta que se pueda bosquejar un proyecto único que sea una herramienta eficaz para el desarrollo de las telecomunicaciones. En total se presentaron 89 colaboraciones de empresas, organismos y entidades relacionadas con el sector: en términos generales se observa que no existe un punto o tema aglutinante con consenso entre los actores. Lo que priva es la diversidad, aun entre integrantes de un mismo segmento como, por ejemplo, los operadores.

Mientras Claro Brasil resalta que la nueva política de telecomunicaciones debe tomar en cuenta la capacitación de personas y no solamente los mecanismos para la ampliación de la banda ancha en el país, su competidor, Telefónica, llama a que la nueva norma explicite que el gobierno deberá promover la eliminación o la reducción de expedientes legislativos o del Ejecutivo que se contrapongan con los objetivos de las políticas públicas.

Entre las organizaciones representativas de la sociedad brasileña pueden encontrarse ciertos criterios similares. Proteste, el Club de Ingenieros o el Colectivo Intervozes coinciden en señalar que la nueva política que establezca el Estado no puede omitir la necesidad que el servicio de banda ancha sea prestado en régimen público, con claras metas de universalización. Este punto, el del servicio prestado en régimen púbico, seguramente será uno de los más controvertidos cuando se entre en la discusión final del proyecto.

Otras instituciones, como la Fundación Lemman, el CIEB, ITS Rio, Instituto Natura y Ensina Brasil, sostienen que el Plan de Conectividad debe tener como objetivo específico la conexión de alta calidad para las escuelas públicas y la educación básica.

La diversidad predominante y la proximidad de las elecciones presidenciales llevan a pensar que este proyecto será tarea para el próximo gobierno, considerando además que en marzo comenzará a pleno la campaña electoral.

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