A partir del denominado “Lava Jato” por el cual políticos de catorce partidos se encuentran presos o procesados por casos de corrupción, la Justicia brasileña ha pasado a convertirse en los últimos años en un vértice fundamental en la vida cotidiana. En ese marco, no podía estar ajeno el sector de las telecomunicaciones, que en los últimos tiempos ha visto la judicialización de los más variados temas. El último: el contrato firmado entre la estatal Telebras y la estadounidense Via Sat, para la explotación comercial del primer satélite brasileño, el SGDC-1.
El SGDC-1 (Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones) tiene el objetivo en la parte civil de utilizar la banda Ka para llevar el acceso a Internet en las regiones más remotas del país, donde los grandes operadores se encuentran ausentes. Proyectos como el GESAC (Gobierno Electrónico. Servicio de Atención al Ciudadano), Educación Conect@da, Prontuario Electrónico (del Ministerio de Salud) o el recientemente creado programa Internet para Todos, dependen casi exclusivamente de los servicios brindados por este satélite.
La operación de la capacidad militar está a cargo del Ministerio de Defensa mientras que para la civil fue designada Telebras, quien a su vez se asoció a ViaSat para la comercializarla. Ese fue el origen del problema. Las empresas brasileñas de operación satelital se vieron relegadas por una compañía de Estados Unidos, lo cual no solamente afectó los posibles ingresos para alguna o varias de ellas, sino que, fundamentalmente, hirió el orgullo nacionalista característico de los empresarios de ese país.
Primero fue una presentación de la empresa Vía Directa ante la justicia de Amazonas, luego otras ante la Justicia federal y en ambos casos se obtuvieron resoluciones de suspensión del acuerdo entre Telebras y ViaSat y una reunión de conciliación prevista para el 25 de abril próximo.
Pero 2018 es un año importante para Brasil porque en octubre próximo se realizarán las elecciones presidenciales y estaduales que pondrán al frente del país a una nueva camada de políticos sobrevivientes del Lava Jato.
En ese contexto, el actual gobierno está necesitado de mostrar obras y en el sector de telecomunicaciones aún más, aunque el actual ministro, Gilberto Kassab, con aspiraciones a gobernar el estado de San Pablo, debió desistir de participar ante la falta de un apoyo concreto por parte de su partido Social Democrático (PSD).
Para Kassab, el programa Internet para Todos se había convertido en su gran bandera para proyectar su actuación al frente de ese ministerio. Ahora, a partir de este proceso judicial por el SGDC-1, observa como el tiempo pasa y se retrasan los anuncios formulados oportunamente.
Hace poco el ministro había anunciado que a partir de junio se instalarían 200 antenas diarias con el objetivo de dar acceso a Internet a 53 millones de brasileños. Unas semanas atrás indicó que en la ciudad de Pacaraima, estado de Roraima, ViaSat había instalado equipamientos para atender a 28 escuelas y un puesto de frontera y estaba preparada para instalar otros cien más en las próximas semanas.
Todo ha quedado en manos de la Justicia. Como en el caso de Oi, donde luego de varios meses de incertidumbre todo parece encaminar a la empresa hacia una recuperación. Mientras tanto, el SGDC-1, orgullo de los brasileños, deberá seguir a la espera de una determinación judicial para poder operar a pleno.