Esta semana se realizó en Lima la 32° reunión del Comité Consultivo Permanente I (CCPI) de la CITEL. La agenda del encuentro incluyó la realización de actividades relacionadas con el hurto de dispositivos móviles con IMEI alterados o duplicados. Se trata de una problemática que el CCPI viene priorizando en los últimos dos años, con resultados dispares.
Durante el seminario destinado al tema se repasaron las políticas regionales, como las listas negativas de dispositivos adoptadas en un enfoque inicial, luego complementadas por otros basados en los controles sobre el identificador internacional del equipo terminal móvil (IMEI).
De acuerdo al documento “Hurto de equipos móviles en América latina” presentado por TMG, las listas negativas han sido complementadas por otros enfoques basados en el número IMEI y el mecanismo de listas positivas refuerza políticas que tratan de combatir el hurto de dispositivos como uno de varios problemas, incluyendo el de los equipos falsos y fraudulentos. Sin embargo, ambas adolecen de una falta de armonización regional y crean incomodidad a los consumidores como cargas a la industria.
Las listas negativas se vienen implementando en toda la región, pero no todos los operadores las usan, lo cual les resta efectividad. El número de suscripciones a la base de datos de la GSMA aumentó rápidamente desde que en 2011 CITEL comenzó a promover este tipo de medidas. Hasta junio del año pasado, la base de datos de IMEI de la GSMA tenía más de 39 millones de registros, reportados por los países de la región. Argentina y Colombia tienen el mayor número de IMEI reportados, con 4,9 y 3,2 millones, respectivamente.
Para ser incluido en una lista positiva –y así poderse conectar a una red— los equipos deben cumplir con criterios específicos, tales como ser registrados tanto por los importadores de equipos como por los usuarios finales, lo cual les agrega más obligaciones a estos dos actores clave. En muchos casos es posible completar el registro en las listas positivas en línea, lo cual implica una carga significativa para los usuarios que no cuentan con acceso fácil a Internet. En los últimos años hubo poca discusión pública sobre las soluciones antirrobo de índole tecnológica, tales como los mecanismos de desactivación o “killswitch”, aplicaciones para localizar, borrar y bloquear los dispositivos, una medida que se implementó en Estados Unidos pero no viene teniendo eco en la región.