La iniciativa es impulsada por el Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) al concluir que las criptomonedas son activos y deben incluirse en los estados financieros de las empresas. Según el senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez se busca “ofrecer un soporte jurídico real y no interpretativo sobre el uso de las criptomonedas”, de modo que puedan operar en el día a día de los colombianos. El proyecto propone que las entidades que quieran realizar operaciones con criptomonedas deben contar con el visto bueno del Ministerio de las TIC (Mintic) y brindar información sobre los recursos comercializados para demostrar que no están lavando dinero. Además, propone la creación de un fondo de reserva, adscripto al Ministerio de Hacienda, para subsidiar a aquellas personas que, habiendo comprado estos activos, los perdieran en determinado momento, debido a que desaparecieron del mercado. Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, indicó que: “La entidad que tiene que tener el ojo sobre las criptomonedas es la Superintendencia Financiera, no el MinTIC, sobre todo si se llegase a usar como medio de pago”.