El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) busca salir del pozo financiero para evitar su privatización. Irene Cañas, presidenta de la estatal, presentó en los últimos días la Estrategia 4.0, con el camino a tomar en el período 2019-2023. Delineó cinco puntos de acción: asegurar la estabilidad y sostenibilidad; ir hacia la evolución de los negocios y mejorar la experiencia del cliente; llegar a la eficiencia operativa mediante la modernización y la transformación digital; encontrar la efectividad del talento humano; y promover la equidad y la sostenibilidad.

El plan fue criticado por haber sido expuesto de forma confidencial y por no presentar números reales que lo respalden. Sin embargo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció su participación en la Estrategia 4.0 y se mostró optimista: “Yo tengo mucha confianza, ha sido un trabajo en equipo. Se propondrán una serie de soluciones que no pasan por aumentar tarifas. Esa no va a ser la ruta, porque estamos en un contexto de reactivación y lo que se busca es reestructurar la deuda”.

La alarma con respecto a la situación del ICE se encendió el pasado abril, cuando dio a conocer los números de los últimos cinco años. El director de la División de Finanzas de la institución, Jesús Orozco, confirmó que las pérdidas durante 2018 fueron de US$ 437 millones.

Entre 2014 y el año pasado, el ICE logró llegar a un balance positivo sólo en 2016. Las pérdidas de 2018 duplicaron las correspondientes a 2014 (US$ 184,5 millones).

Según el funcionario, se llegó a esa situación por tres factores. En primer lugar, el fracaso del proyecto hidroeléctrico Diquis, que el ICE dejó morir después de mantenerlo en agenda durante una década y gastar en él US$ 146 millones. En segundo lugar, las fluctuaciones cambiarias que afectaron la economía del ICE, ya que el 77% de su deuda es en dólares. El tercer factor obedece a la compra de generación eléctrica a empresas privadas.

A esto se le sumó la falta de confianza general hacia el ICE, compañía que se encuentra en constante cuestionamiento sobre su transparencia. En mayo de este año se mostró reticente a dar a conocer los salarios de sus gerentes y directores, en sintonía con la escasa información revelada sobre el plan Estrategia 4.0. Irene Cañas argumentó que no pueden detallar las cifras de este último porque podría ser contraproducente con la estrategia comercial del negocio de telecomunicaciones.

Frente a esta falta de información, los diputados Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana, y Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, solicitaron que el ICE rinda cuentas a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General. A su vez los legisladores buscan limitar la confidencialidad del ICE con un proyecto de ley, dado que según sostienen, la empresa se ha amparado en el secretismo para cometer ilícitos.