A finales de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la creación de la empresa pública “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, luego de que se suspendiera -en mayo y por cuarta vez consecutiva- la licitación pública e internacional para el despliegue de 25.000 km de fibra óptica de la Red Troncal, sin oferentes del sector privado. El desafío que afronta la iniciativa impulsada por el Ejecutivo es enorme, con ribetes no solo financieros y operativos, sino también legales.
El objetivo del nuevo operador estatal es alcanzar el 75% de la cobertura geográfica (con énfasis en las zonas más apartadas) mexicana, para ofrecer internet gratuito en sitios públicos y tarifas solidarias para los usuarios residenciales. Según lo expuesto por el Presidente, la empresa iniciaría operaciones en 2020, con una asignación presupuestaria inicial de US$ 32,6 millones y adscrita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre sus funciones, destacan las de conformar una red pública de telecomunicaciones sin fines de lucro, que garantice el acceso a la población del país que no cuenta con cobertura de dichos servicios; promover el desarrollo social y económico de la población y, maximizar la infraestructura aplicable a sus servicios de telecomunicaciones, mediante el uso de las capacidades de la Red Nacional de Fibra Óptica.
En medio de la política de austeridad impuesta por el gobierno de AMLO y una macroeconomía que da indicios de recesión económica (en el segundo trimestre de este año la producción industrial cayó un 2,1% y el PIB un 0,2%), vale la pena evaluar la factibilidad de un proyecto de tal envergadura, como lo es la CFE Telecomunicaciones, que desde su génesis plantea un cambio significativo en el mercado mexicano y cuya creación no estaba contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Otro factor que juega en contra es la falta de estudios sobre la viabilidad de esta nueva empresa estatal y del despliegue de cobertura que se plantea. De hecho, este último punto fue una de las razones por la cual los operadores privados desistieron de participar en la licitación de la Red Troncal, pues los costos por contraprestación eran muy bajos y no estaba clara la ruta para el despliegue de la Red.
Punto de partida
El punto de partida para el despliegue de la red se hará a través de la infraestructura de la CFE. En tanto, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la cancelación definitiva de la licitación pública e internacional para el despliegue de la Red Troncal, que contemplaba el despliegue de 25.000 km de fibra óptica, con lo cual se espera sea asignada al nuevo operador de telecomunicaciones.
Según información preliminar, el nuevo organismo se apoyará en las antenas radio base dispuestas en los Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales (CISBaR), para prestar el servicio de forma inalámbrica.
Debe recordarse que bajo una premisa similar ya opera, desde hace más de un año, la Red Compartida de Altán, cuya cobertura nacional actualmente llega a más de 45 millones de personas (más del 40% de la población de México) y se espera que, para octubre de este año, alcance 60 millones de usuarios (en 29 mercados, 56 pueblos y casi 19.000 poblaciones rurales). Adicionalmente, se encarga de proveer en forma mayorista servicios inalámbricos, fijos y móviles.re