El primer semestre de 2020 trajo profundos cambios para el sector de las telecomunicaciones en Uruguay. En solo tres meses, Antel y la Unidad Reguladora de de Servicios de Comunicaciones (Ursec) tuvieron nuevos presidentes -en la empresa pública, dos distintos-, y procesos judiciales, al tiempo que debían responder a las acciones necesarias para combatir, desde el lugar que les corresponde a cada una, la propagación del coronavirus en el país.
El 1 de marzo pasado asumió como Presidente del Uruguay Luis Alberto Lacalle Pou, perteneciente al Partido Nacional. Solo 12 días más tarde, se detectaron los primeros cuatro casos de Covid-19 positivos en el país, y en ese mismo día se decretó la emergencia sanitaria.
A fin de marzo comenzaron a ser movidas las primeras fichas del tablero político con las designaciones a contrarreloj de presidencias y directorios de los entes de la esfera estatal. Por 31 votos, la Cámara de Senadores aprobó más temprano que tarde, las venias para los futuros presidentes de las empresas públicas y servicios descentralizados, entre ellas, la de Guillermo Iglesias, quien asumió la presidencia de Antel en reemplazo de Andrés Tolosa.
En tanto, el 13 de abril Mercedes Aramendía fue designada como presidenta del Directorio de la Ursec. La nueva titular es profesora, investigadora y abogada experta en telecomunicaciones y por siete años trabajó en Telefónica Uruguay, donde su última posición fue jefa de Relaciones Institucionales.
Plantilla de empleados en Antel. Los problemas arrancaron a inicios de mayo, con una resolución de Iglesias que daba el visto bueno para el ingreso a la plantilla oficial de Antel de unas 857 personas, contratadas en régimen de función pública y tras el paso de tres años de labores en el ente. El 19 de mayo, Lacalle Pou dio marcha atrás con la directiva y exigió la renuncia de Iglesias, quien dejó su cargo.
Al día siguiente renunciaron también Gustavo Delgado, director de Antel y representante del Partido Nacional en la empresa pública. Desde el Gobierno sostuvieron que no era el momento oportuno para incorporar empleados, debido al difícil contexto económico derivado de la emergencia sanitaria. Sin embargo, desde el sindicato insistieron que la presupuestación no implicaba gasto alguno para el Estado, ya que los trabajadores estaban en régimen de contrato de función pública desde hacía tres años, por lo que ya eran funcionarios públicos.
La intención del Gobierno sería no aumentar la plantilla de empleados públicos de ningún ente, motivo que estaría detrás de estas medidas drásticas. De acuerdo a balances publicado en su web oficial, a diciembre de 2019 Antel tenía 722 funcionarios menos de los que tenía en diciembre de 2015, y si se contempla 2014, se estira a 831. Para diciembre de 2019, los funcionarios totales eran 6.102.
La semana pasada Gabriel Gurméndez fue nombrado al frente Antel, tras ocupar ese cargo entre 2002 y 2004. Anteriormente había integrado el directorio, entre 1990 y 1993.
Allanamientos en Ursec. Mientras que en Antel definían quién podría hacerse cargo de comandar las riendas de una de las empresas más prósperas y redituables del país, el 1 de junio un exfuncionario de la Ursec ingresaba al edificio sede del regulador en Montevideo. A las 11:02 de esa mañana entró a la Secretaría General, de donde se retiró a las 11:26. Luego, volvió a las 11:48, aunque esa vez con un bolso, retirándose de allí a las 12:24, con documentos en mano. Lo que sucedió dentro de la Secretaría no quedó grabado dado que allí no hay cámaras de seguridad (como sí en el resto del edificio), pero fue visto por un funcionario del organismo, quien ese mismo día notificó a la flamante presidenta Mercedes Aramendía.
En ese momento se constató que en la máquina trituradora de la Secretaría General había restos de documentación destruida, la cual recolectó y entregó como evidencia de la denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación.
El denunciado es un funcionario del Poder Judicial que hasta el 13 de abril estuvo en pase en comisión en la Ursec, a pedido del anterior presidente del organismo, Gabriel Lombide, desempeñando diversas tareas, principalmente en la Secretaría General. Dos días después de abandonar la institución, el 15 de abril, mandó un correo electrónico a la oficina de Recursos Humanos en la que informó que se habría reintegrado al Poder Judicial, por lo que cesaba su pase en comisión.
Las pruebas en poder de la Fiscalía señalan que el funcionario ingresó a la oficina de la secretaria de Nicolás Cendoya, director del organismo en representación del Frente Amplio hasta hace pocos días. Luego salió de la oficina y minutos más tarde regresó con una secretaria: más tarde ambos se retiraron de ese espacio, y la secretaria sostenía una carpeta verde, que hoy busca la Justicia por medio de allanamientos, a partir del 8 de junio. Ese mismo día, Pablo Siris pasó a formar parte de la comisión directiva de la URSEC, acompañado de Gustavo Delgado, quien pocos días atrás dejaba Antel.