A dos años de su llegada al poder, el mandatario Carlos Alvarado enfrenta su mayor conflicto por el escándalo de la Unidad Presidencial de Protección de Datos. Seis funcionarios ya fueron desplazados, entre ellos Víctor Morales, la mano derecha de Alvarado. A su vez fueron secuestrados los teléfonos celulares del presidente, tanto el oficial como el personal. De ahí se extrajo evidencia que lo señala como la persona que ordenó la creación del organismo; también, la información en los equipos comprueba que el Ministerio de Justicia le había entregado a la UPAD información personales de 16.000 presos en 2019.