El Estado argentino, a través del ente regulador, dispuso de los fondos del Servicio Universal para apurar obras de actualización o expansión de infraestructura por parte de pymes de todo el país. El otorgamiento de ANRs se aceleró a partir de la explosión de la demanda de conectividad de banda ancha en los hogares como resultado del aislamiento social iniciado a mitad de marzo en el territorio nacional. Y el rol del Enacom fue teniendo más fluidez con la extensión de medidas preventivas que demandaba el cuidado de los ciudadanos y la acentuación de los cambios de hábitos y formas de consumo de Internet. Las inversiones del SU se destinaron además a proveer de tarjetas prepagas para móviles en los barrios de bajos recursos y con escasa o nula internet fijo.