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miércoles 24 de febrero de 2021

Ley de Medios en Uruguay: concentración de poder y banda ancha para cableros, en el centro de las discusiones

El oficialismo apura la agenda parlamentaria para aprobar su modificación en el primer semestre.

La intención del presidente Lacalle Pou era que la normativa fuese aprobada con celeridad - Crédito: Presidencia Uruguay
La intención del presidente Lacalle Pou era que la normativa fuese aprobada con celeridad - Crédito: Presidencia Uruguay

Si nos toca llegar al gobierno, vamos a derogar la ley de medios”, había adelantado en junio de 2019 el ahora secretario de Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado. En efecto, el 1 de marzo de 2020 Luis Lacalle Pou asumió el mando del país, y dos meses después, se envió al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, para modificar la Ley vigente, de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA, número 19.307), aprobada en 2014 durante el gobierno de José Mujica.

La intención del presidente uruguayo era que la normativa fuese aprobada con celeridad, pero a fin de 2020 y ante las múltiples controversias despertadas, la Comisión de Industria decidió postergar la votación hasta este año. Al fin y al cabo, a diciembre último no se había alcanzado consenso sobre algunos artículos, y restaba recibir en la Comisión de Industria de Diputados a delegaciones con pedidos de audiencia. Ahora, con las sesiones legislativas 2021 iniciadas formalmente el 15 de febrero, el tema lidera la agenda de prioridades de los parlamentarios oficialistas. Y es muy probable que la nueva ley se apruebe antes de que finalice el primer semestre.

En el proyecto original, de abril de 2020, se tilda a la normativa vigente de extensa, por contener 202 artículos, además de “hiperreglamentarista, intervencionista, discrecional y limitativa de libertades (…) desbalanceada porque coloca al Poder Ejecutivo en una posición de supremacía frente a los licenciatarios”. En efecto, la propuesta de modificación triplica la cantidad de medios que puede acumular una misma persona o empresa, al pasar de 3 a 8 licencias; también exime de los límites de acumulación a quienes tienen menos del 30% de capital accionario en cada medio; y avala una extranjerización en la propiedad de las empresas de TV paga.

En síntesis, se trata de un cuerpo de disposiciones casi “a medida” de los intereses de los tres grandes canales de televisión de Montevideo –Canal 4, 10 y 12-, dueños a su vez de los principales operadores de TV paga de la capital. El artículo 34 de la propuesta de modificación además establece la renovación automática de los actuales licenciatarios de radio, TV abierta y TV para abonados. Y elimina la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) y la realización de audiencias públicas para la asignación de frecuencias. Como alertó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, “el proyecto sólo controla la acumulación en personas físicas y jurídicas pero borra la noción de grupo económico, con lo cual las exigencias de anti concentración se esfuman en los hechos pues a través de vinculaciones familiares o empresariales se puede controlar muchas más emisoras que las que el límite establece”.

Hacia la convergencia. El texto presentado por el oficialismo en abril de 2020 considera a la ley aprobada durante el gobierno de Mujica como “antigua, porque congela en sus disposiciones la debida convergencia con la tecnología”. Esto hace alusión a la imposibilidad de los cableros de brindar banda ancha, servicio que queda restringido a la estatal Antel. Por eso, el artículo 48 habilita a los titulares de licencias de televisión para abonados que operan mediante cable a pedir licencias “para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus redes propias o de recursos que contraten con terceros”.

Desde la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados (CUTA), su presidente Washington Melo elogió la medida, ya que acaba con años de limitación para los cableros, especialmente para los más pequeños. Aunque reconoció que esto no necesariamente pone fin a los acuerdos que muchos de estos actores mantienen con Antel, porque el tendido de fibra encarado por la estatal ya llega al 85% de los hogares uruguayos y no tendría sentido práctico ni económico trazar redes paralelas.

En el caso de cableros de mayor porte, como TCC, la modificación de la ley puede significar un cambio importante en la naturaleza del vínculo con Antel. Su CEO Javier Ruete explicó en diálogo con Convergencialatina: “Nosotros vendemos planes combinados de cable y banda ancha, con Antel, pero siempre terminamos dependiendo de las condiciones formuladas por Antel”. Una eventual licencia de datos para un actor como TCC llegaría “tarde” para salir a competir con infraestructura propia frente a lo ya desplegado por Antel, pero aportaría a mejorar las condiciones del negocio.

En cuanto al ecosistema de TV paga local, Ruete recordó que la normativa vigente generó inconsistencias y terminó perjudicando a empresas nacionales: en particular por la explosión de DirecTV en el Interior y la licencia satelital de Cablevisión, que le permitió alcanzar una cobertura de gran parte del territorio.

Zanjados estos y otros puntos en discusión, la correlación de fuerzas en el Congreso uruguayo plantea un escenario favorable para la aprobación de la ley durante el primer semestre: la oposición, esencialmente el Frente Amplio, tiene un 40% de las bancadas, mientras que las cinco facciones que respaldan al gobierno de Lacalle Pau rozan el 60%. Fabián Werner, presidente del Centro de Acceso a la Información (Cainfo), anticipó que difícilmente se acepten las sugerencias de cambio planteadas desde organismos de la sociedad civil. “El proyecto responde 100% a intereses comerciales, los tres canales principales son los promotores de la reforma y no tendrán demasiados problemas para lograr la aprobación”, sintetizó.

Un escenario ideal para Telecom

Las condiciones que plantea la ley impulsada por Lacalle Pou generan un terreno ideal para una eventual expansión de Telecom en Uruguay. La coyuntura además ayuda, teniendo en cuenta que Telefónica prepara su salida de Hispanoamérica con su plan de escisión anunciado en noviembre de 2019, y en el curso de 2021 podrían surgir espacios para jugadores regionales o globales.

Desde el Frente Amplio, el diputado Daniel Caggiani expuso a Convergencialatina la preocupación por una extranjerización de la TV para abonados en Uruguay a partir de la propuesta de modificación de la ley vigente. Sumado a la habilitación de licencias de datos, el operador argentino podría encontrar en Uruguay una plataforma de desarrollo para sus negocios fuera de Argentina. En diciembre pasado se conoció que representantes de Telecom y Grupo Clarín viajaron al país vecino y en una entrevista con el mandatario uruguayo prometieron ampliar las inversiones. 

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