La “inesperada” postergación del tratamiento del pliego de condiciones de la licitación de espectro para 5G por parte del Consejo Director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) no es un hecho aislado y, en realidad, hace honor a la histórica tradición brasileña respecto del análisis de temas regulatorios de importancia y, sobre todo, cuando la política tiene activa participación en el tema.
El lunes pasado, la decisión del consejero director Moisés Moreira de pedir vista del expediente (denominación para indicar la necesidad de más tiempo para su estudio) fue bastante sorpresiva, ya que el viernes anterior, cuando se iba a realizar la primera reunión extraordinaria para tratar el pliego de condiciones, había señalado que su intención era presentar un voto divergente respecto del proyecto del relator del tema, el consejero Emmanoel Campelo, pero negó la posibilidad del pedido de vista. ¿Qué sucedió el fin de semana para que cambiara su decisión?. Sólo él podrá responder a esa pregunta.
Mientras los restantes consejeros de la Anatel no salían de su asombro por el pedido de vista de Moreira, el ministro de las Comunicaciones, Fábio Faria, estallaba en gritos e ironías al enterarse de la postergación, ya que ello pone seriamente en peligro su gran promesa al presidente Jair Bolsonaro: la tecnología 5G comenzará a funcionar en todas las capitales estaduales a partir de fines de julio de 2022. Esa promesa es de singular importancia ya que en Brasil habrá elecciones presidenciales en octubre de 2022 y el despliegue de 5G es uno de los pilares que piensa utilizar Bolsonaro para lograr su reelección.
En ese sentido hay que señalar que desde su asunción en el nuevo Ministerio de las Comunicaciones, en junio de 2020, el objetivo fundamental de Faria estuvo relacionado con el cumplimiento de esa promesa. Para ello, a principios de este año, realizó un extenso viaje por Suecia, Corea del Sur y China, donde por invitación suya fue acompañado por varios miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) a los efectos de lograr que aprueben el pliego de condiciones para la licitación mucho antes de los plazos normales que tiene esa institución. También habló con las casas matrices de las principales empresas proveedoras de los equipos de telecomunicaciones, y asimismo con los operadores más importantes del país.
Sin embargo, si bien la decisión de Moreira trastocó el cronograma que se había elaborado oportunamente, también es cierto que hubo en el pasado ciertas alertas que indicaron la imposibilidad de poder cumplir con esas fechas para el despliegue de la tecnología 5G. La principal de esas alertas provino, justamente, del área técnica de la Anatel, que en sus recomendaciones indicó que lo mejor sería pasar esa fecha de julio a diciembre de 2022.
Luego del lunes pasado fueron innumerables las conversaciones, reuniones y discusiones que se produjeron en el nivel del gobierno federal y también en el sector privado, para tratar de mantener el objetivo de julio de 2022, y ya Moreira insinuó que se tomaría unos pocos días para revisar bien la propuesta de Campelo.
Mientras tanto, los principales operadores nacionales, las crecientes empresas regionales y todo el sector de infraestructura de telecomunicaciones, vuelven a revisar sus números a la espera de una decisión definitiva sobre el tema. Están acostumbrados. Hace ya muchos años que están en el país.