Para la historia de las telecomunicaciones brasileñas, el año 2021 quedará marcado por haber sido la base fundacional para el despliegue de una enorme cantidad de soluciones y servicios que crecerán en los próximos años a partir del masivo despliegue de 5G. A su vez, el 2022 establecerá el ritmo de ese despliegue y se buscarán soluciones a varios de los problemas del sector, en un año a su vez plagado de movimientos políticos para las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Pero también, los próximos meses pueden ser testigos del final de uno de los principales operadores móviles del país, Oi Móvil, con lo cual el mercado quedará reducido a tres grandes operadores, sin tener en claro aún si eso será beneficioso o no para el consumidor.

Una vez concretado el concurso por el cual se distribuyó espectro a los operadores, a principios de noviembre de 2021, inmediatamente la mayoría de ellos inició las tareas necesarias para comenzar, lo antes posible, el despliegue de sus redes de 5G. Debe recordarse que una de las condiciones impuestas en el concurso fue que todas las capitales estaduales del país deberán tener servicio de 5G para fines de junio próximo; imposición de origen electoral ya que el actual presidente de la República, Jair Bolsonaro, pretende ir por su reelección y el tema de la tecnología 5G será uno de sus puntales en la campaña electoral.

Pero esta prisa en el despliegue de 5G atenta, en principio, contra la necesidad que tienen los operadores por maximizar la eficiencia de sus inversiones, sobre todo si se tiene en cuenta que la historia de la última década ha mostrado una muy baja relación entre los ingresos obtenidos y el capital invertido por las empresas. Según algunos especialistas, esa relación será aún más negativa en el corto plazo hasta tanto puedan tener una participación sustancial en los ingresos los nuevos servicios que se crearán a partir de la utilización de las redes de 5G.

Se estima que recién a partir de 2025 los ingresos generados por los nuevos servicios pasarán a ser una parte sustancial en los ingresos de los operadores, a partir de una mejora significativa de la conectividad y de la velocidad de las redes de banda ancha fija y móvil.

El ocaso de Oi Móvil. Hasta el momento, si bien aún no se pronunciaron oficialmente, los organismos reguladores como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), estarían propensos a aprobar finalmente esta operación, por un valor aproximado de US$ 3.260 millones. Seguramente impondrán a los compradores una serie de condiciones a los efectos de mantener los actuales niveles de competencia de ese mercado.

Las empresas ya llegaron a un acuerdo interno sobre la forma en que se dividirán los activos de Oi Móvil, cuestión que también ya está en poder de los organismos reguladores: cada una de ellas utilizará esas redes para fortalecerse en zonas donde en la actualidad no contaban con una importante presencia. Sin embargo, esta operación que aparece como beneficiosa para los tres operadores, significará también agregar un enorme gasto a sus arcas que ya de por sí deben enfrentar las inversiones de 5G.

También estas empresas deberán hacer frente a los gastos de la construcción de la red privativa del Gobierno Federal, otra imposición del concurso de espectro, que aún hoy no cuenta con un monto exacto del costo que demandará su implementación.

Si a todo ello se agrega la postergación de la anunciada reducción impositiva para las empresas y, al contrario, se produce el aumento de algún gravamen o la creación de nuevos, como muchas veces sucede en años electorales, se puede concluir que el año 2022 se presenta con bastantes complicaciones para las finanzas de las empresas de telecomunicaciones.