Los Estados latinoamericanos incrementaron en 2021 sus intentos por regular los criptoactivos y los activos digitales en general. Las motivaciones de los gobiernos y bancos centrales se repiten en todos los países: evitar que las operaciones con criptoactivos -conocidos como monedas digitales, aunque no cumplen ese papel- sean utilizadas tanto para lavar dinero de origen no legal como en estafas a la población, en momentos en los que se la bombardea con publicidad engañosa acerca de lo fácil que es ganar dinero apostando a los criptoactivos.

Los gobiernos comienzan a interesarse también en otra veta regulatoria: la tributaria. A medida que las operaciones con criptoactivos suman más y más volumen, concitan con más fuerza la atención de las autoridades fiscales, que empiezan a ver allí una fuente de nuevos recursos.

Esta aproximación no es del gusto de los defensores de lo cripto, que preferirían un abordaje del tipo del que ha llevado adelante El Salvador, cuyo gobierno convirtió al bitcoin, uno de los criptoactivos con mayor despliegue global, en moneda de curso legal. Aseguran, además, que los intentos regulatorios y tributarios son una demostración de la falta de comprensión de lo que son el blockchain y las monedas digitales.

Al mismo tiempo, los países más fuertes de la región están estudiando la implementación de monedas digitales propias o Central Bank Digital Currency (CBDC). El objetivo es llenar el vacío que existe en ese mercado de activos, que podría ser ocupado tanto por los criptoactivos privados como por un CBDC de otro país. Y las naciones latinoamericanas han demostrado que depositan en sus monedas locales buena parte de su sentimiento de soberanía.

Regulación. Brasil ha sido el último en sumarse a la tendencia de la regulación. A principios de diciembre, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que avanza en ese sentido. En el debate se informó que el movimiento de criptoactivos en Brasil sumó en este año unos US$ 23.000 millones. La norma, que todavía tiene que traspasar la aprobación del Senado y la promulgación del presidente Jair Bolsonaro, define como “activo virtual” a la representación digital de valor que puede ser transferido o negociado por medios electrónicos para su uso en inversiones o como medio de pago. De esta manera, diferencia al activo virtual del dinero electrónico denominado en reales o monedas extranjeras. Según el proyecto, el Banco Central de Brasil será el encargado de autorizar el funcionamiento de las empresas dedicadas a operar con los activos virtuales. Además, establece penas de prisión por los delitos cometidos en estas operaciones, variable según su gravedad.

El texto aprobado por los diputados brasileños era uno de los tres que había en esa cámara; en el Senado hay otros tres. Algunos de los proyectos que aún no fueron tratados apuntan en sentidos diferentes. Por caso, uno de los que está en la Cámara Alta establece normas para la emisión de criptomonedas y regula a los marketplaces que las acepten como medio de pago

El sector financiero aplaudió la media sanción del proyecto porque considera que es un texto “ligero” que poner límites a la intervención del Banco Central y de otras autoridades de control financiero y les da seguridad jurídica a las operaciones. Ahora Chile se encamina a imponer una legislación en el mismo sentido.

Pero más allá de esta visión interesada, lo cierto es que la regulación brasileña apunta hacia lo que son las tendencias globales más profundas en el uso de criptoactivos. Según el último informe de Chainalysis, una firma que provee información sobre el sector, 2021 fue el año del despegue mundial de los criptoactivos aunque ese movimiento mostró divergencias entre los países desarrollados y los emergentes. En los primeros, cayeron las operaciones en plataformas P2P y crecieron las realizadas desde plataformas profesionales. Este ha sido el caso de Estados Unidos y China, donde la prohibición de hacer minería cripto en el último verano boreal golpeó a todo el mercado. En cambio, en los países menos desarrollados se da el fenómeno inverso. Chainalysis asegura que Vietnam, Nigeria, Kenia y Venezuela figuran entre los de más elevado nivel de transacciones en relación a la paridad de poder de compra de la población (PPP) y encuentra la explicación en la magnitud de sus economías no registradas y en la fuga de divisas.

La posibilidad de cobrar impuestos a las transacciones con criptoactivos y a las ganancias derivadas de las mismas es materia de debate, aunque en 2021 se dieron avances firmes en ese sentido. El motivo puede estar en el volumen de operaciones en la región: Chainalysis calculó que movieron unos US$ 350.000 millones en el año que fue desde junio de 2020 al mismo mes de 2021.

Uno de los que caminó en esa dirección fue Argentina, que el pasado 17 de noviembre decretó que las transacciones que involucren criptomonedas estarán sujetas al impuesto a las transferencias bancarias no realizadas en efectivo, lo que implicó un cambio de estatus ya que antes eran consideradas en igualdad de condiciones con éste. Este tributo, del 0,6% sobre cada transacción, se suma al impuesto a las ganancias (o renta) de capital que aplica desde 2017.

En Colombia también se impone el impuesto a la renta sobre las transacciones. El mismo tributo recae en las actividades de minería ya que las criptodivisas son consideradas un ingreso en especie.

En Chile existe el mismo criterio: las ganancias obtenidas por la compra y venta de estos activos pagan impuesto a la renta. Pero agrega que el uso de criptoactivos como medio de pago también paga impuestos. En Perú, su compra-venta debe ser registrada a los efectos del pago del impuesto a la renta.

Los exchanges (portales para realizar transacciones con criptoactivos) reclaman en contra de la imposición a las transacciones porque aseguran que muchas de ellas no son rentables y arrojan pérdidas, más aún en el actual marco de volatilidad en las cotizaciones.

Justamente, el sube y baja en las cotizaciones es uno de los elementos que marca que los criptoactivos aun no están lo suficientemente maduros como actuar de reserva de valor, que es una de las características de la moneda.

Pero los Estados han encontrado usos para los criptoactivos en los cuales éstos suplantan con éxito y ventajas a las monedas fiat. Es el caso de Bahamas con los sand dollars que emite el Banco Central de ese país, y de los D-Cash, del Banco Central del Caribe Oriental (BCCO) para cuatro de sus ocho Estados miembro: Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, ?Granada y Santa Lucía. En los dos casos, las transacciones con criptoactivos reemplazan al dinero físico, cuyo traslado y movimiento entre las islas es logísticamente caro y a veces ineficiente. “En Bahamas, con centros poblados en más de 20 islas, la distribución de dinero físico resulta una tarea compleja y costosa para las autoridades. Por su parte, en el Caribe Oriental, las autoridades buscan reducir los costos de las transacciones financieras domésticas (tarifas por uso de POS, comisiones por compensación de cheques o tasas por transferencia) los cuales disuaden, y a menudo, excluyen a las pequeñas empresas y familias del sistema financiero”, explica Oswaldo López, economista principal de CAF en Brasil.

Estas iniciativas CBDC forman parte de una tendencia más general, al punto que, según el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, Suiza, el 80% de los bancos centrales analiza lanzar su CBDC. México fue el último en anunciar oficialmente su incursión en este terreno: el 30 de diciembre, el gobierno mexicano anunció: “El Banxico (Banco de México) informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país”.

La CBDC no deja de ser una moneda fiat aunque con tecnología blockchain, que permite que cada unidad sea irrepetible. Se trata de experimentos que los economistas evalúan: ¿cuánto impactan en la base monetaria? ¿Su emisión es inflacionaria? ¿Pueden los gobiernos crear riqueza artificial con su emisión? Todas preguntas que en la región tienen mucho sentido.