Sergio Massa - Crédito: Convergencialatina
La maraña de dificultades económicas derivó en una crisis política, que con el reciente atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se torna en un caos institucional y de credibilidad. Ese marco condiciona qué se puede esperar en lo que resta del año para los sectores TIC y economía del conocimiento.
Tras la vuelta de Martín Olmos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, se confirmaron los ejes de la política oficial para los próximos meses, o al menos se puso en blanco sobre negro la intención del funcionario que responde a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y en la misma línea, al flamante vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Convergencia confirmó que la agenda política comprende el abordar simultáneamente el entuerto del DNU 690 como prioridad y avanzar sobre las definiciones de espectro, preponderando 6 GHz por sobre la asignación de frecuencias para 5G.
En el tema espectro, Martín Olmos retomará su trabajo casi en el mismo lugar donde lo dejó, con el plan y el reglamento de espectro listos para “salir”, pero con una diferencia práctica –se finalizó el proceso de asignación a demanda de 2,6 GHz – y otra fundamental –Massa es Superministro–. Como Enacom responde políticamente a Massa, y el regulador es “pro” licitación 5G, se podría pensar que hay posibilidad de alineación.
Del otro lado de la negociación están las empresas. Con respecto al DNU 690, la oposición es unánime pero las vías para destrabarlo se han tornado o bien en un secreto, o bien en un estilo de comunicación críptica a través de trascendidos y “off the records”. En cuanto a su postura respecto al espectro, se mantienen las mismas líneas discursivas: hay mucho por hacer en 4G; la banda de oro de 5G es 3,5 GHz, entre otras. Lo más probable es que quienes destraben la asignación 5G sean los vendors y no los operadores, con mecanismos tentadores para ayudar a financiar las redes.
Al inicio de este gobierno, Convergencia indicó que el área estratégica era Economía del Conocimiento. Hasta la fecha, las políticas de Matias Kulfas, Ariel Schale y María Apólito se orientaron en el desarrollo con una perspectiva de mediano plazo. Con Massa y su equipo, se sigue esta línea, pero con énfasis en acciones que puedan derivar en atraer dólares al país en menor tiempo.
El nuevo secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, en la carrera por detener la sangría de dólares por lo que considera una importación, apuntó a modificar el esquema tributario sobre las plataformas de streaming (ya tributan Ingresos Brutos en algunas provincias, más el IVA, el impuesto país, y Ganancias y bienes personales, dependiendo de la empresa). El solo hecho de insinuar la posibilidad de un nuevo tributo despertó el interés de los que se sienten afectados, aunque por el momento sigue bajo evaluación. En cuanto a medidas con visión a más largo plazo, Sujarchuk se reunió con Argencon y Cessi, recogió sus demandas y destinó $ 25.600 millones para cubrir el bono de crédito fiscal, uno de los beneficios de la Ley Economía del Conocimiento que venía retrasado por la falta de una Ley de Presupuesto para el ciclo 2022. Además, Massa anunció el relanzamiento del plan de capacitación Argentina Programa 4.0, con el que se espera formar en tiempo récord y poner a disposición del mercado una oferta de 70.000 nuevos programadores.
En lo que constituyen miradas descoordinadas entre distintas áreas de gobierno, la Secretaría de Comercio puso el eje sobre las importaciones de software. Dispuso la creación de un registro para la autorización de importaciones de servicios, segmento que en el primer semestre reportó US$ 5.500 millones. Las medidas que restringieron a las importaciones de software implicaron la interrupción de trámites o pagos frenados, cuestiones que hacen tanto a la prestación de servicios TIC como al uso en general que hacen las empresas de software. Entre las actividades cotidianas frenadas, están: el pago de ancho de banda internacional, la concreción de nuevos contratos, la compra de licencias de software, y el pago de soporte de ellas, que suele rondar un fee recurrente del 20% de la licencia. En síntesis, el río está tan revuelto, que todavía no se puede identificar quiénes serán los pescadores que saquen provecho. Pero los habrá.