Casi exactamente a un mes de salir del proceso de recuperación judicial iniciado en 2016, la conducción de Oi se presentó ante la Justicia de Rio de Janeiro para solicitar una tutela de emergencia como un paso previo a la entrada a un nuevo proceso de recuperación judicial del cual, según la opinión de varios expertos, nunca debió haber salido.

Si bien la empresa había cumplido con casi todas las indicaciones establecidas en ese proceso, como la reestructuración de su deuda con los acreedores y la venta de casi todos sus activos, entre una enorme cantidad de acciones a realizar, en los últimos tiempos, especialmente luego de la pandemia del Covid-19, por precisar un período, la situación económica y financiera a nivel país y en el mundo sufrieron importantes alteraciones. Éstas provocaron que las ecuaciones económicas previstas en 2016 ya no fueran las mismas en 2022, donde llegó con una deuda financiera de US$ 5.737 millones con acreedores nacionales e internacionales. A su vez, el pasivo de la empresa, que en 2016 era de US$ 12.516,4 millones, se redujo a US$ 6.739,6 millones a fines de 2022.

Un claro ejemplo de los contratiempos sufridos en los últimos años, es que debido a los atrasos en las aprobaciones regulatorias para la venta de los principales activos de la empresa, Oi realizó una emisión de bonos en el mercado internacional, por US$ 880 millones, para cubrir una serie de pagos que pensaba realizar con la entrada de esas ventas. El contexto internacional, con grandes dificultades para la obtención de este tipo de créditos, determinó que el 98% de los compradores exigieran la inclusión de una cláusula de recompra obligatoria o el pago anticipado de US$ 847,3 millones. Es decir, tenía que desembolsar anticipadamente casi el mismo monto de lo obtenido. A ello habría que sumar las alteraciones producidas en el mercado de divisas en los últimos meses.

En realidad, la historia misma de Oi siempre estuvo plagada de problemas de todo tipo, inclusive societarios, y esta vez tampoco parece ser la excepción. En medio de este nuevo proceso, un grupo de socios minoritarios encabezados por los accionistas Tempo Capital, Víctor Adler y VIC DTVM, solicitó la realización de una asamblea extraordinaria a los efectos de tratar la destitución del actual Consejo de Administración de la empresa, la cual fue fijada para el 6 de marzo próximo. Además, proponen la reducción del número de miembros de ese consejo, que en la actualidad es de 11 representantes para llevarlo a siete o nueve, como máximo.

Si bien esta cuestión no se presenta clara a los ojos del mercado, existen sospechas sobre la intención de liquidar los bienes que aún integran la empresa, como la participación en la compañía de redes neutras V.tal y el negocio de la telefonía fija, cuya concesión vence en 2025.

En el caso de V.tal, el propio CEO de Oi, Rodrigo Abreu, aceptó que en caso de ser necesario podría producirse la venta de la participación de Oi (alrededor del 37%), aunque por el momento no es la intención de desprenderse de ese activo.

Para la telefonía fija, donde en el último año la empresa perdió más de 1,9 millones de clientes, existe la expectativa de lograr una renegociación del contrato de concesión o pasar al régimen privado, además de un pedido de indemnización (contemplado en el contrato inicial) al Estado por haber sido negativo el negocio en los últimos años.

Con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y de la Justicia, Oi se prepara nuevamente para luchar por su existencia, tal cual sucediera desde 1998, cuando se llamaba Telemar, y a partir de 2008, cuando la fusión de Telemar con Brasil Telecom, dio lugar al nacimiento de Oi.