Las preocupaciones de los reguladores en torno al Direct-to-Device (D2D) van desde definir las condiciones de operación, el uso del espectro y la convivencia entre sistemas satelitales y terrestres hasta los mecanismos de supervisión de un ecosistema completamente nuevo.
Chile representa hoy el caso más avanzado de América Latina. Con la implementación de los servicios D2D de Entel y Starlink, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) comenzó a evaluar el marco regulatorio que acompañará esta nueva etapa del mercado. Durante Satellite Map Day 2026, José Antonio Rodríguez, jefe de la División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Subtel, explicó que el país aún no dispone de mediciones sobre la adopción de estos servicios, aunque prevé una expansión progresiva a medida que otros operadores incorporen esta modalidad de conectividad.
El funcionario remarcó que la estrategia chilena mantiene a la fibra óptica como infraestructura prioritaria para el desarrollo de las telecomunicaciones, mientras que las constelaciones de órbita baja cumplen un rol complementario. Esa complementariedad adquiere especial relevancia en un país con extensas zonas desérticas, territorios insulares y cordilleranos, además de una elevada exposición a terremotos e incendios forestales, donde la conectividad satelital puede aportar resiliencia para servicios críticos y de emergencia.
Rodríguez señaló además que la irrupción del D2D obliga a desarrollar una regulación específica para un modelo en el que intervienen operadores satelitales que no necesariamente poseen infraestructura dentro del territorio nacional. Entre los desafíos regulatorios identificó la necesidad de ordenar los nuevos actores del ecosistema, supervisar su funcionamiento y definir el tratamiento de la denominada "capa no terrestre de la red", que actúa como enlace entre el operador satelital y los proveedores móviles que comercializan el servicio al usuario final.
Colombia también comenzó a adaptar su marco regulatorio. Sergio Sotomayor Rodríguez, director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), explicó que el organismo desarrolló distintos estudios técnicos para evaluar la convivencia entre sistemas satelitales y terrestres y analizar los cambios regulatorios que requiere la incorporación del Direct-to-Device. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la ANE llevó adelante pruebas sobre los límites de densidad de flujo de potencia equivalente y la reducción de los ángulos de exclusión para sistemas no geoestacionarios. Los ensayos mostraron que existe margen para incrementar el desempeño de las redes satelitales sin generar interferencias en un amplio rango de operación, aunque el organismo consideró necesario continuar profundizando los estudios antes de adoptar una posición definitiva.
Como parte de ese proceso, la ANE concluyó un estudio específico para determinar las distancias de separación requeridas cuando sistemas satelitales y redes terrestres operan sobre las mismas frecuencias, considerando distintos escenarios según la altura de la órbita. Sobre la base de esos trabajos, el regulador publicó una consulta pública destinada a identificar las modificaciones regulatorias necesarias para brindar mayor certeza jurídica al desarrollo de los servicios D2D.
Colombia enfrenta otro desafío paralelo: fortalecer la gobernanza espacial. En ese sentido, explicó que los estudios realizados durante el último año también confirmaron la viabilidad económica para desarrollar un satélite nacional de comunicaciones de carácter geoestacionario, destinado principalmente a atender las necesidades de los organismos del Estado. Sin embargo, advirtió que la actual estructura institucional carece de una entidad ejecutiva especializada que concentre la gestión de ese tipo de proyectos.
Desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claudia Bustamante Osorio coincidió en que el D2D puede convertirse en una herramienta relevante para reducir las brechas de conectividad en Colombia y en el resto de América Latina, especialmente en aquellas zonas donde las redes móviles convencionales aún no logran cobertura. Sin embargo, sostuvo que esa evolución dependerá de una coordinación regulatoria tanto nacional como internacional, en paralelo con las discusiones que se desarrollan en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre nuevas atribuciones para los servicios móviles satelitales, y la cercanía de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027 (CMR-27).
La comisionada agregó que el desarrollo del D2D también exige avanzar en interoperabilidad entre plataformas satelitales y terrestres, centros de emergencia, sistemas de autenticación y gestión de usuarios, además de promover acuerdos técnicos y comerciales entre fabricantes, operadores móviles y proveedores satelitales. En este sentido, Colombia ya puso en marcha un sandbox regulatorio para que distintos actores puedan ensayar modelos de negocio que todavía encuentran restricciones dentro del marco vigente, además de realizar pruebas de servicios satelitales en zonas sin cobertura.
El debate en Brasil. Brasil observa el fenómeno desde otra perspectiva. Allí, el debate regulatorio se concentra principalmente en la administración del espectro y en la convivencia entre sistemas geoestacionarios y no geoestacionarios. Marcos Estevo, asesor del Consejo Directivo de Anatel, explicó que para el regulador, las actuales condiciones de competencia son adecuadas y que, por el momento, no resulta necesario imponer medidas regulatorias asimétricas para el mercado satelital, cuya próxima revisión está prevista para 2030.
El crecimiento de las constelaciones LEO, sin embargo, incrementó la presión sobre la coordinación de frecuencias. Estevo señaló que las bandas Ka y Ku presentan crecientes dificultades para incorporar nuevos sistemas, motivo por el cual Anatel exige que los operadores acrediten previamente los procesos de coordinación de frecuencias o, alternativamente, acepten operar sin protección frente a posibles interferencias. Paralelamente, nuevos operadores manifestaron interés por acceder a espectro en bandas S, Q y V, reflejando la búsqueda de nuevas alternativas para acompañar la expansión de los servicios satelitales.
Desde la Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações por Satélite (Abrasat), Sergio Maia sostuvo que el desafío regulatorio consiste en preservar un entorno competitivo equilibrado mientras el mercado incorpora nuevos modelos tecnológicos. En ese contexto, la evolución del sector está desplazando el foco desde la comercialización de capacidad satelital hacia la oferta de soluciones integradas, tendencia que obliga a que la regulación evolucione al mismo ritmo que las transformaciones del mercado.