Los Estados latinoamericanos incrementaron en 2021 sus intentos por regular los criptoactivos y los activos digitales en general. Las motivaciones de los gobiernos y bancos centrales se repiten en todos los países: evitar que las operaciones con criptoactivos -conocidos como monedas digitales, aunque no cumplen ese papel- sean utilizadas tanto para lavar dinero de origen no legal como en estafas a la población, en momentos en los que se la bombardea con publicidad engañosa acerca de lo fácil que es ganar dinero apostando a los criptoactivos.