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La decisión también está encaminada a cumplir con las recomendaciones de la Ocde.
El Ministerio de Hacienda saldrá de la participación que tiene en la compañía de telecomunicaciones Colombia telecomunicaciones (Coltel), que es operada en una porción mayoritaria por Telefónica y que gestiona comunicaciones móviles y fijas.
Así lo anunció el jefe de la cartera Mauricio Cárdenas, ayer y lo hará tras la valoración que realice el consorcio compuesto por las bancas de inversión: BNP, Bank of America y Bancolombia.
El Estado tiene el 32,5 % de la compañía, pero hoy “es una inversión no estratégica del Gobierno” afirmó Cárdenas, quien además sostuvo que próximamente se conocerán los cronogramas de cómo avanza el proceso.
Cárdenas justificó la decisión en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que se basan en que los gobiernos deben tener un papel de regulador en las telecomunicaciones, pero no de operador.
Para el mercado era una decisión que se veía venir. “El Estado no se puede quedar ahí y seguir perdiendo plata, dijo Daniel Medina, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La apreciación de Medina tiene asidero en que Colombia Telecomunicaciones es la renovada Telecom que no ha hecho sino sufrir quebrantos económicos.
El más reciente se dio el año pasado con la solicitud que se tramitó en el Congreso para realizar una capitalización que pemitiría pagar los activos que en materia pensional mantenía la empresa.
En total la empresa se capitalizó en $6,45 billones, de los cuales al Estado le correspondió la suma de $2,1 billones, entregada en acciones, y Telefónica, que poseía 67,5 % de la sociedad aportó $4,35 billones en efectivo, según se acordó en la asamblea de accionistas de la empresa en agosto del año pasado.
La baja rentabilidad de la compañía se hizo más evidente después de que la Contraloría General de la República (CGR) señalara el año pasado que era una inversión desfavorable dado que “no creó valor para la empresa ni sus accionistas en 2016”.
De hecho, en el informe señala que las carencias en rentabilidad se derivan “de la incapacidad de la compañía por generar utilidades netas (...) luego de descontar todos los costos y gastos operacionales y no operacionales”.
Además, la CGR argumentó que la compañía presentaba hasta ese momento indicadores de liquidez menores a uno “lo que indicaba que no podría cumplir con sus obligaciones en el corto plazo”. En septiembre de 2017 la compañía se encontraba en causal de disolución.
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