La ola de cuestionamientos y resistencias a la nueva ley de teletrabajo auguran un futuro de conflictividad, primero en su reglamentación y después en su aplicación.  No puede decirse que el lobby empresarial no haya tenido resultado alguno en el Congreso, pese a que el oficialismo logró aprobar sin cambios el proyecto que ya había negociado con la oposición en Diputados. La participación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social antes de que el proyecto pasara al recinto de la cámara alta obtuvo algunos frutos: la norma entrará en vigencia recién tres meses después de que finalice el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por lo que les evitó pagar los costos económicos del teletrabajo durante la cuarentena, donde la modalidad se disparó.