Según la Unidad de Control y Supervisión de Cable (UNCOSU, entidad dependiente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda), hay alrededor de 450 empresas de televisión por suscripción inscritas en el ente regulador, pero se calcula que otras 500 funcionan en las áreas rurales de manera informal. Entre los derechos que no se pagan a los programadores y los impuestos que el Estado no percibe por la ilegalidad, las pérdidas para la industria rondan los US$ 51 millones anuales.
El último reporte publicado por UNCOSU indica que el mercado se compone de 500.000 suscriptores, en tanto que el subreportaje ronda el millón, confió a Convergencialatina Rodolfo Mendoza, director Ejecutivo de la Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Televisión por Cable (Aprodica) de Guatemala.
El market share de televisión por suscripción en Guatemala es liderado por Tigo (Millicom), con el 25% de cuota, tras la adquisición de Cable DX, la cuarta cablera más grande del país. Luego se ubica Claro, con alrededor del 15%, y Sistecom, que pertenece a la familia Maldonado (entre varios hermanos poseen alrededor de 20 empresas en todo el país), con 12%. Por último, Unicable posee alrededor del 5%.
Mendoza comentó además, que el ARPU de TV paga en Guatemala ronda los US$ 10 mensuales.
Monitoreo en vivo contra la piratería
Aprodica se encarga de monitorear en vivo a las 48 principales empresas de
cable del país, que representan el 75% del mercado, con el objetivo de bajar los índices de piratería.
“Debemos tomar en cuenta que las empresas no registradas operan en áreas rurales del país, usualmente en pequeñas aldeas donde a través de una antena de DTH distribuyen el servicio al caserío alrededor. Son empresas que funcionan en la informalidad completamente sin pagar derechos e impuestos, sin estar registrados ni reportar usuarios al ente regulador. Creemos que estas empresas tienen alrededor del 10% del mercado”, afirmó Mendoza.