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lunes 19 de agosto de 2019

Tributación de las nuevas plataformas de la economía digital

Francia se adelantó con la creación de un impuesto que enojó a EE.UU., pero al que seguramente se sumen Italia, Austria, Polonia y República en el corto plazo. En América latina, los reguladores proyectan gravar a los OTT, pero no existen criterios uniformes y hasta ahora los impuestos recaen sobre el consumidor final.

El año 2020 se estrenará en el mercado europeo con la obligatoriedad de que las OTT de contenidos audiovisuales (Netflix, HBO, Amazon, etc) dediquen un 30% de sus catálogos a producciones locales. La norma fue aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. La estrategia apunta a potenciar la expansión de la industria local, aunque Netflix en España ya tiene 15 series en elaboración (en abril estrenó un centro de producción de contenido en Madrid y el primero en Europa), mientras que Amazon anunció la realización de dos series y HBO tiene tres novelas de ficción en marcha.

Las industrias locales resolvieron hacerle frente a las millonarias inversiones de las OTT internacionales mediante asociaciones entre emisoras: “La Alianza”, un grupo formado por France Télévisions, la alemana ZDF y la italiana RAI; y Nordic12, una coalición de cinco cadenas de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, para coproducir al menos unas 12 series por año. 

Dentro de la llamada “Tasa Netflix”, Francia se convirtió en el primer país de Europa en aprobar un impuesto del 3% sobre los ingresos locales de las multinacionales de Internet. El llamado Impuesto Sobre los Servicios Digitales (ISSD) pondría un límite a la no fiscalización de la economía digital. Francia tomó la medida de manera unilateral, pese a que es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que estudia una solución consensuada junto con la Unión Europea.

En el caso de España, se busca que los OTT financien la RTVE. Aún se discute el monto, pero se estima que será una tasa que girará en torno al 1% de los ingresos.

En los Estados Unidos la medida francesa fue mal recibida y el Gobierno de Trump investigará sus efectos. Hasta ahora, en ese país, la cuestión se dividió por Estados: en Illinois se creó la Ley de Modernización Tributaria del Servicio de Video, que incluye un impuesto al servicio de DTH satelital o de transmisión directa digital por suscriptor. Hawai, Pensilvania y Washington ya aprobaron leyes para establecer gravámenes a servicios de streaming. En Georgia, los legisladores proyectan un impuesto del 4% que también aplique a libros digitales y música; lo recaudado será destinado a subsidiar el tendido de fibra óptica en áreas rurales.

América latina

En la región se proyecta aplicar normativas a los OTT sin que existan criterios uniformes. Si bien la UIT recomienda no regular para no afectar la competencia, Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), comenzó a retener a partir de julio el 19% de IVA a través de tarjetas de crédito o débito, como ya lo hace Argentina (con el IVA, del 21%) desde mediados de 2018. En ambos casos, el impuesto es al consumo y cae sobre el usuario del servicio y no sobre la compañía que lucra con la prestación.

En Brasil, el presidente de la Anatel, Leonardo Euler de Morais, estimó que no es conveniente regular “un ambiente tan dinámico como Internet”. Costa Rica planeaba comenzar julio con el cobro del 13% del IVA, pero postergó la decisión por las dificultades para determinar el origen del lugar donde se utilizan los servicios. Chile contempla aplicar el IVA, que es del 19%.   

Uruguay ideó un mecanismo para que el cargo no recaiga sobre los usuarios, como hacen sus vecinos. Los proveedores extranjeros (que desde 2017 deben pagar IVA e Ingreso a la Renta) pueden abonar sus cargas en dólares sin necesidad de designar un representante legal en el país.

Federico Camy, Socio de Guyer & Regules en el Departamento de Impuestos, explicó a Convergencialatina que se encara el abordaje hacia los OTT, diferenciando aquellos prestadores de servicio directo como Spotify o Netflix, que tributan por toda la renta generada, de los que actúan como intermediarios, como Uber o AirBnb, que contribuyen por el 50% de la renta obtenida. Ese país recibió entre enero y mayo de 2019 un total de US$ 1,5 millones por parte de Airbnb, Booking y Trivago; Spotify, Netflix y Hulu desembolsaron US$ 12,4 millones; y Uber, Cabify y Easy tributaron por US$ 4,4 millones.  

La diferencia en la naturaleza de los proveedores de servicio fue el punto más debatido entre los responsables políticos uruguayos y en este aspecto coincidió Santiago Gini, gerente Legal de OLX: “no es lo mismo aquel que tiene centros de distribución que los que son streaming 100% online”. Para Gini la regulación debería promocionar industrias que generen riquezas, pero con una estrategia que exceda la mera recaudación, es decir, considerar qué se busca gravar y qué escenarios se buscan crear a través de convenios internacionales, con estándares aceptados por todos.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) recomienda mesura y esperar a las directrices de la OCDE para 2020. Su director ejecutivo, Gonzalo Navarro, plantea la necesidad de entender la naturaleza del tipo de prestación tal como lo proyecta el gobierno uruguayo.

Argentina

El pedido de una regulación más justa por parte de la industria de la TV y el cine se calmó (aunque no del todo) tras el acuerdo entre el Ministerio de Producción y el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid) para fomentar a través de una inversión del Estado de US$ 18 millones, y la creación series nacionales que requieran más de US$ 1,6 millones, que serán luego emitidas en las distintas OTT. También se promoverá el reintegro del IVA para las productoras audiovisuales y recibirán un reembolso del 15% de los gastos salariales. 

Pero según confiaron fuentes de la Asociación de Teleradiodifusoras de Argentina (ATA), la situación actual de la industria frente a sus nuevos competidores digitales es asimétrica y desigual. A la TV abierta se les exigen requisitos mínimos de producción nacional, propia, local e independiente, cuota de pantalla de cine nacional, cantidades mínimas de producción infantil, entre otras obligaciones.

Para Gerardo González, secretario de Relaciones Internacionales de la comisión directiva del SatSaid, los OTT deberían recibir el mismo tratamiento que Cablevisión u otras distribuidoras, pero con una estrategia que vaya más allá de la mera recaudación. Será el momento de abordar y apostar a la economía del conocimiento por sobre industrias como la soja o los productos primarios.

 

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