No cabe duda para nadie del sector de las telecomunicaciones brasileñas que 2020 estará signado, fundamentalmente, por la licitación de espectro para 5G, que en un principio estaba previsto que se realizara en marzo de este año y que ahora seguramente pasará a principios de 2021, en el mejor de los casos.
Hasta ahora las controversias estuvieron en torno a las frecuencias que se concursarán y al sistema que se utilizará para la competencia en la licitación y si algún sector tendrá alguna preferencia a la hora de realizar su oferta.
Sin embargo, hay un punto donde existe una gran coincidencia entre los principales actores del sector, pero que finalmente puede no ser el resultado final del concurso; y es el relacionado con la recaudación final que se logrará por la venta de ese espectro.
Mientras los operadores, los fabricantes de equipos y hasta la mayoría de los miembros del Consejo Director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sostienen que el concurso no tiene que tener el fin prioritario de la recaudación, en el súper Ministerio de Economía no hablan públicamente del tema, pero tienen grandes esperanzas que esa licitación aporte un importante volumen de divisas a las arcas del Tesoro, objetivo prioritario de la gestión del presidente Jair Bolsonaro, decidido a llegar a un nivel fiscal neutro para fines de este año.
Si bien hasta el momento no hay un precio mínimo estipulado para el concurso, y que luego el mismo deberá ser convalidado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), funcionarios del regulador señalaron que para fijar el precio se utilizará la metodología usada en anteriores subastas.
O sea, con base en un plan de negocios hipotético y una compañía que no tendría ninguna operación en el país, se calculan los ingresos, gastos, inversiones y costo de capital; finalmente, esos números a largo plazo se contextualizan al valor presente. Así se determina el costo de capital de la banda. Después se tienen en cuenta cuáles son las obligaciones de inversión en las áreas que no darían rendimiento a la empresa y que se convertirán en obligaciones de cobertura.
De esta forma, en la Anatel los primeros cálculos señalan que la recaudación podría llegar a los US$ 4.840 millones, mientras que otros estudios, como es el caso de uno realizado por Ericsson, señalan que un retraso en la realización de la licitación, podría provocar a Brasil pérdidas fiscales del orden de los US$ 6.000 millones. Cualquiera sea la cifra en juego, el ministro de Economía, Paulo Guedes, espera con ansiedad ese extraordinario aporte de fondo en momentos en que encara la transformación total del estado brasileño.
Por supuesto que en el valor global habrá que tener también en cuenta a qué nivel llegarán las obligaciones de cobertura y servicio que se impondrán a los ganadores de los distintos lotes del concurso, que deberán hacer inversiones para su cumplimiento. Por algo directivos de Nokia indicaron que, según sea el modelo de licitación, el concurso brasileño puede transformarse en la subasta individual más grande del mundo para el espectro de 5G.