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jueves 06 de febrero de 2020

El litio boliviano sometido a los vaivenes de la política

Evo Morales anuló el acuerdo establecido con una empresa alemana para la fabricación de baterías de litio y desarrollo del Salar de Uyuni y ahora el nuevo Gobierno busca una solución “amigable”. La presidenta constitucional Jeanine Áñez recibió ayer las cartas credenciales del nuevo embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, quien ratificó el interés de su país en participar de la explotación del litio boliviano y de cooperar con el país.

Mientras el gobierno interino de Jeanine Áñez busca una solución “amigable” con la empresa alemana ACI Systems, por la ruptura del convenio que tenían para la producción conjunta de baterías de litio, cada vez surgen más evidencias de un trasfondo político en la decisión adoptada por el anterior gobierno encabezado por Evo Morales.

Debe recodarse que el Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí, es el más grande desierto de sal a mayor altura del mundo, con unos 21 millones de toneladas de litio, que muchos consideran la mayor reserva del mundo de ese mineral. Como socio estratégico para Uyuni, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) eligió, en octubre de 2018, a la alemana ACI Systems, para desarrollar e implementar un proyecto minero de litio complejo como el del Salar de Uyuni y la fabricación de material catódico y baterías de litio con tecnología de punta.

El acuerdo firmado en diciembre de 2018 preveía la asociación de la compañía estatal Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) –con el 51% de participación- con la firma privada germana ACI Systems para desarrollar el salar de Uyuni y construir una planta de hidróxido de litio, así como una fábrica de baterías para autos eléctricos en Bolivia. También ACI Systems se comprometía a realizar conversaciones con compañías alemanas y de otras partes de Europa para el suministro de litio procedente de Bolivia. La sociedad buscaba producir hasta 40.000 toneladas por año de hidróxido de litio a partir de 2022, durante un periodo de 70 años.

La realización de este proyecto preveía inversiones por un total de US$ 1.300 millones y la creación de hasta 1.000 empleos directos, la mayoría de personal calificado, y 10.000 indirectos, además de todo un sistema de capacitación y la puesta en marcha de medidas de preservación ambiental como la reducción en el uso del agua.

Sin embargo, casi desde un principio, el denominado Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exigió detalles del contrato, además de cuestionar la capacidad técnica de la empresa alemana para desarrollar e implementar un proyecto minero de litio complejo como el del Salar de Uyuni, como también para la fabricación de material catódico y baterías de litio con tecnología de punta. Este comité, al igual que otros existentes en diferentes regiones del país, está conformado por grupos de empresarios y profesionales ligados a las principales empresas de esa zona.

El Comcipo, liderado por Marco Pumari, no dio tregua al gobierno de Morales con una serie de exigencias que llegaron a pedir un aumento de las regalías, fijadas en el 3%, a un total  del 11%, entre  otras cosas. La presión social se hizo más fuerte a principios de octubre, mes de las elecciones presidenciales, donde Pumari inició una huelga de hambre, en el marco de marchas y bloqueo de las calles de Potosí.

Toda esta situación derivó en que Morales, a principios de noviembre pasado, derogara el Decreto Supremo 3738 por el cual se creó la sociedad con la empresa alemana, para de esa manera terminar con la agitación social en que se encontraba esa región. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El malestar siguió en aumento y Pumari, junto con su colega del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, lideraron las protestas y pedido de renuncia de Morales, cuyo mandato terminó a principios de diciembre con su renuncia.

Pasado el efecto del cambio de autoridades y el llamado a nuevas elecciones presidenciales para el 3 de mayo próximo, el Gobierno interino trata ahora de resolver el problema existente de la ruptura de un contrato con una empresa europea. Mientras algunos miembros del Gobierno señalan que habría empresas interesadas en asociarse al proyecto de industrialización del litio, el Gobierno alemán, a través de su embajador en Bolivia, Stefan Duppel, les recordó que “detener el proyecto representaría un duro revés para nuestras relaciones económicas bilaterales y para la credibilidad internacional de Bolivia como un lugar de inversión”.

No obstante, la realidad marca que es muy improbable que cualquier empresa interesada en el proyecto quiera llegar a un acuerdo cuando en pocos meses se elegirá un nuevo gobierno constitucional. Seguramente seguirá el impase en un tema que es clave para el futuro económico de Bolivia. 

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