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lunes 14 de diciembre de 2020

El Estado argentino enfoca sus inversiones en interconectar ciudades provinciales en la etapa 2 y 3 de la Refefo

Los fondos provendrán de organismos multilaterales y del Servicio Universal para un plan de obras de 3 años.

La administración espera que parte de los fondos para las obras estén a disposición este mes para iniciar obras de infraestructura que desarrollarán en el período comprendido entre 2021 y 2023, confió a Convergencia Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

De acuerdo con lo que se anunció en la presentación del Plan Conectar, la Refefo recibirá inversiones por US$ 160,7 millones. En esa presentación se dividió la inversión en US$ 45 millones para actualización y reparaciones de la Refefo; US$ 22,5 millones para la finalización de la Etapa 2 de la Refefo; y US$ 93,1 millones para la Etapa 3 de la Refefo.  

En la práctica se trata de dos partidas de fondos. La primera es una asignación del Enacom a Arsat de US$ 36,5 millones del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) que ya está en ejecución.

La segunda tanda provendrá de organismos internacionales de crédito como Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El subsecretario TIC dividió las obras en otras dos partes. La primera es la actualización tecnológica del sistema, adquisición de equipos para aumentar la capacidad de la red. Contempla el cambio de placas de entre 10 y 40 Gbps actualmente en uso por otras de 200 Gbps, y de ese modo multiplicar unas 10 veces la capacidad de la red.

La segunda parte es el tendido de 4.900 km de Fibra Óptica entre 2021 y 2023. Para esto se destinarán US$ 100 millones, unos $8.000 millones al cambio oficial que serán provistos por la Secretaría de Innovación y Arsat.

El nuevo tramo se agregará a los 34.400 km que constituyen la red troncal de la Refefo desde 2012 y de los cuales a diciembre de 2019 tenía iluminados y funcionando 31.150 kilómetros. El funcionario explicó que la electrónica de la red quedó obsoleta por la falta de inversiones en los últimos años en un contexto de fuerte avance tecnológico. Los equipos en uso se compraron entre 2012 y 2013. No obstante, en los últimos meses soportaron el tráfico de la pandemia, que tuvo un aumento del flujo que rondó el 50% promedio.

El pico máximo de tráfico medido por Arsat durante la emergencia sanitaria superó ese porcentaje y “generó un cuello de botella”, graficó el subsecretario TIC, quien anticipó que en los próximos días se definirá “alguna adquisición de emergencia para las partes de la red más saturadas”.

Arsat solo informó que se comprarán equipos de la marca actualmente en uso para evitar problemas de incompatibilidad que demoren los tiempos del proyecto.  La marca en cuestión es Nokia, y sobre este tema hubo un entredicho a partir de una denuncia sobre una millonaria compra directa, sin licitación, del periodista Carlos Pagni, en La Nación; la especie fue desmentida por la máxima autoridad de la empresa estatal.

En cuanto a la obtención de fondo para la extensión de la red, el financiamiento es una gestión de la Jefatura de Gabinete con organismos internacionales.

Una parte se tramita ante el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenta del Plata (Fonplata). Olmos señaló que ese empréstito está “a punto de salir” y se invertirán en el tendido de una traza en la provincia de Buenos Aires entre las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca.

Otra parte se gestiona ante en Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crédito no está tan avanzado como el anterior pero forma parte de la agenda de trabajo entre la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el BID y estaría “encaminado”.

Mientras se esperan las definiciones de los préstamos el gobierno nacional mantiene reuniones con las provincias para definir el trazo fino de las localidades a conectar e iluminar.

El 9 de noviembre Salta se sumó al Plan Conectar siguiendo la iniciativa de Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos. El acuerdo con la provincia norteña conectará a 20 localidades a través de un tendido de 243 kilómetros que se concretará con una inversión de US$ 8,8 millones.

Está previsto que se sigan sumando nuevas provincias que  tienen programas de conectividad en desarrollo o están gestionando financiamiento del Enacom.

En el ámbito privado la inversión  también es intensa. Las cooperativas y pymes en este momento contabilizan 400 proyectos de tendido de Fibra Óptica, según informó el presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer.

Entre enero y octubre el Enacom distribuyó entre ANRs para proyectos de conectividad por US$ 8,6 millones y el 11 de noviembre sumó otros 43,65 para tres proyectos en Buenos Aires, Salta y Santa Fe.

Resulta interesante lo anunciado recientemente por la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, quien adelantó que buscará coordinar una estrategia con el Enacom para que el tendido de nuevos tramos de la Refefo coincida en tiempo con las provincia o localidades en las que se asignen nuevos ANRs.

La funcionaria definió la idea como una pauta de racionalización del proceso de la inversión con fondos públicos orientado a hacer más eficientes los procesos. El contexto macro es el de una política económica nacional que avanza hacia los senderos de la austeridad. 

“La ampliación de la capacidad tiene el doble objetivo de revertir la desinversión y de llegar a más población”, aseveró Olmos en el diálogo con Convergencia, y subrayó que la estrategia es llegar a localidades pequeñas y medianas en las que solo opera un mayorista o donde la calidad del servicio es precaria.

En ese contexto -y en medio de gestiones privadas para inclinar la reglamentación del DNU 690-, el subsecretario definió lo regulatorio complementario con el desarrollo. “Arsat tiene la función de mejorar la competencia y de plantear una política de precios” a partir del valor que le pone la empresa a sus servicios, señaló Olmos y sumó que “todo lo que podamos hacer con la regulación para facilitar el despliegue de la última milla es complementario”.

Otra novedad es que existe un proyecto oficial para modificar el reglamento de compartición de infraestructura y las normas que regulan el despliegue. El texto se estudia y elabora entre Innovación Pública, competente en relación al tema, y el Enacom, autoridad de aplicación.  

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