Según la Unidad de Control y Supervisión de Cable (UNCOSU, entidad dependiente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda), hay alrededor de 450 empresas de televisión por suscripción inscritas en el ente regulador, pero se calcula que otras 500 funcionan en las áreas rurales de manera informal. Entre los derechos que no se pagan a los programadores y los impuestos que el Estado no percibe por la ilegalidad, las pérdidas para la industria rondan los US$ 51 millones anuales.