En septiembre del 2024 la Presidencia del Consejo de Ministros suspendió por 365 días a Rafael Muente, como presidente del regulador, por haber tomado una capacitación financiada por Osiptel, conducta que, según la PCM, habría infringido la Ley del Servicio Civil. Pese a que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público señalaron que no se acreditaron irregularidades ni delitos, y después de que Servir declaró nula la primera sanción, la PCM reabrió la investigación sobre los mismos hechos.

Esta vez, la imputación fue la “influencia” ejercida para aprobar la capacitación, aunque Muente sostiene que el trámite siguió los procedimientos usuales y que otros funcionarios también participaron sin ser objeto de investigación.

Ahora, la Comisión Ad Hoc, órgano instructor de la Presidencia del Consejo de Ministros, planteó que “habiendo quedado acreditada la falta imputada a Rafael Muente Schwarz en su condición de presidente ejecutivo de Osiptel, se recomienda imponer la sanción de destitución”.

Muente denuncia que no solo hay una persecución en su contra sino que el Gobierno intenta controlar al regulador. De acuerdo con el comunicado publicado por Muente en la red social X, la nueva recomendación responde a un “ensañamiento y persecución” motivados, en sus palabras, por la postura de defensa de la autonomía del regulador frente a intentos previos de intervención política y a su oposición a prácticas que, sostiene, vulneran la institucionalidad del organismo.

Entre las razones mencionadas por Muente está su firmeza en el bloqueo de líneas móviles vinculadas a extorsión y en frenar la venta ambulatoria de chips, estrategias que han provocado enfrentamientos con sectores políticos y económicos.

Afirma que la desvinculación de buena parte del equipo directivo durante su alejamiento evidencia un cambio radical en la tradición meritocrática del Osiptel, con reemplazos rápidos y designaciones “a dedo” en cargos clave. “La cultura meritocrática que caracterizaba al Osiptel está en riesgo”, sostiene Muente.

El informe final del órgano instructor se remite finalmente al órgano sancionador, en este caso al presidente de la PCM, Eduardo Arana, que podría sostener la recomendación de destitución.

Si la decisión de destituirlo se mantiene, Muente puede apelar nuevamente ante el tribunal de Servir. Pero, el funcionario espera que PCM lo cite para dar sus descargos junto a su abogado antes de tomar una decisión concreta.