El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó los argumentos de Colombia y confirmó que no garantizó un trato justo y equitativo a la empresa de telecomunicaciones Telefónica, por lo cual deberá pagarle cerca de US$ 380 millones.
El conflicto tiene su origen en una disputa por la “reversión de activos”, una regla del 1994 (cuando los celulares llegaron a Colombia). La norma obligaba a los operadores a entregar sus antenas y redes al Estado al finalizar sus contratos. Aunque leyes posteriores eliminaron esta obligación, un fallo judicial en 2013 revivió la norma original, forzando a Telefónica a pagar cerca de US$ 380 millones de dólares en 2017 para conservar su infraestructura.
La empresa respondió en 2018 con una demanda ante tribunales internacionales alegando que Colombia cambió arbitrariamente las reglas de juego, violando la confianza de los inversionistas extranjeros. Tras años de litigio, el tribunal internacional CIADI falló a finales de 2024 a favor de la multinacional española, ordenando a Colombia devolver el millonario monto más intereses por la infraestructura.