Un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de reforma constitucional que busca incorporar la figura de los “territorios especiales digitales”, que permitirían establecer infraestructura destinada al almacenamiento, procesamiento y resguardo de datos y servicios digitales y en los que se podría reconocer legislación y jurisdicción extranjera sobre determinados datos.
Este mecanismo aplicaría por medio de tratados internacionales y se buscaría que no afecten la seguridad nacional, la infraestructura crítica, los servicios esenciales, la legislación penal ni la protección de datos personales.