El ente regulador abrió la consulta pública sobre el proyecto de ley que establece los principios a los que deberán ajustarse concesionarios y autorizados a prestar servicio de internet y recibió acusaciones de censura y observaciones de supuestas preferencias que se otorgan a proveedores.
El registro cuenta un total de 22 consultas y opiniones que en líneas generales reclamaron que el proyecto “no avance a algo más serio”. En particular, los interesados pidieron que el IFT aclare con qué criterio se juzgará la congestión de la red y las presuntas amenazas a la integridad y a la seguridad, entre otras cuestiones.