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martes 30 de junio de 2020

Continúa la disputa por el uso de los recursos de Fonatel

La crisis sanitaria y económica disparada por el Covid-19 originó una contienda política e institucional en torno a la caja del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Entre otros efectos, llevó a la renuncia del ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Luis Adrián Salazar. También se cuestionó su efectividad para paliar la brecha digital.

El ex ministro Luis Adrián Salazar - Crédito: Luis Andrés Salazar
El ex ministro Luis Adrián Salazar - Crédito: Luis Andrés Salazar

En los últimos días 13 legisladores pertenecientes a diferentes partidos políticos presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para destinar los fondos de Fondo Nacional de Telecomunicaciones a la creación de un Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local, que se financiaría junto con otros recursos públicos. La iniciativa se da luego de profundos cuestionamientos sobre el uso del Fonatel, tanto en la pre pandemia como en la atención de la emergencia de Covid-19. La polémica marcó las últimas semanas del sector TIC en Costa Rica, e incluso llevó a la dimisión del ministro de Ciencia, Tecnología y TelecomunicacionesLuis Adrián Salazar.

El conflicto en torno al Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local es el último de una cadena de polémicas propuestas sobre el destino del Fonatel. La legisladora Vanesa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, aseguró que la iniciativa pretende utilizar el dinero de Fonatel de manera solapada, modificando una parte de la Ley de Telecomunicaciones. Esto presupone una falta de transparencia -según Castro- ya que se podrían disponer de los recursos sin control de contrataciones administrativas.

Por su parte, Yorleny León, del Partido de Liberación Nacional, objetó el proyecto por estar el contra del uso de los recursos de Fonatel para otra cuestión que no sea su objetivo primario, el de reducir la brecha digital. Especialmente en este momento de pandemia donde las diferencias tecnológicas quedaron más expuestas que nunca y marcan desigualdades ante derechos básicos como el trabajo y la educación.

La diputada del PNL ya se había mostrado en contra del uso de lo recaudado por Fonatel para subvencionar internet a micro y medianas empresas. Esa idea era parte de una propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones que dio a conocer a principios de abril. León sostuvo que esas subvenciones no estrían destinadas a los que más lo necesitan y agregó la necesidad de trasladar el Fonatel a otra entidad, ya que depende de Sutel.

Pago de deuda. Apenas unos meses antes el Poder Ejecutivo ya había querido desviar parte de los recursos de Fonatel, pero en este caso para el pago de deuda. De eso se trataba el Proyecto Pagar, una iniciativa del Gobierno que se iba a financiar con los superávits de diez instituciones. Entre ellas se encontraba el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, del que pensaban extraer US$ 243,7 millones.

Marta Acosta, contralora general de la República, aseguró que los recursos de la entidad no entran en la categoría de superávit y por lo tanto no se puede utilizar en el proyecto del Ejecutivo. Acosta sostuvo que Fonatel, manejado por la Sutel, se creó a raiz de la liberación del mercado de las telecomunicaciones, que tiene por objetivo achicar la brecha digital en áreas vulnerables y que por lo tanto no se trata de superávit. Por eso pidió que se revise el Proyecto Pagar de acuerdo a las realidades de las instituciones en el marco de la pandemia por el Covid-19.

La intención del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de utilizar el dinero de Fonatel para pagar deuda, terminó por provocar la renuncia de Luis Adrián Salazar, el ahora ex ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Salazar manifestó en su carta de dimisión dirigida al presidente Carlos Alvarado: “No puedo estar de acuerdo en el uso de los recursos de Fonatel para otros propósitos que no sean el acceso universal y solidario a los servicios de telecomunicaciones, para que lleguen a las personas más vulnerables del país”. Tras su salida del ministerio, de manera interina el Micitt quedó a cargo de la viceministra Paola Vega.

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