Tras el paso por comisiones, el proyecto aprobado por el Senado de Chile y que ahora pasará a Diputados, incluyó la definición de los principios que tienen que guiar este derecho como la instalación y explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, que se rigen por los principios de neutralidad tecnológica, universalidad, continuidad, uso compartido de infraestructura, transparencia e igualdad en la asignación de los recursos.

Al entender a Internet como un servicio básico, como la energía eléctrica o el agua, éste se encontrará sujeto a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, por lo que los proveedores deberán garantizar una prestación continua y de calidad. Además, reconocerlo así obligará al Estado a promover políticas públicas para asegurar la disponibilidad de Internet en las zonas desconectadas.

Según información del Senado, 55 comunas del país presentan niveles de conectividad inferiores a 1% y más de 60.000 personas se encuentran en las denominadas “zonas de silencio”.