Daniel Parodi - Crédito: Volt Motors
El gobierno argentino ultima detalles del proyecto de Ley de Electromovilidad que anunció el presidente Alberto Fernández el pasado 1 de marzo, con el objetivo de promover el uso de ese tipo de vehículos en el país y para captar unos US$ 5.000 millones para financiar la industria local de la actividad, incluyendo la fabricación de baterías de litio.
La iniciativa sigue la tendencia global, que tiene a China como el principal mercado de movilidad sustentable, seguida por la Unión Europea. En los dos casos, el Estado apalancó al sector y su proyección a futuro con políticas de reducción de impuestos y subsidios al precio de la electricidad.
Esos países también facilitaron créditos y abarataron el costo financiero para la compra de unidades y tomaron medidas ambientales que desalientan el transporte a nafta o gasoil.
El proyecto que adelantó Fernández también plantea incentivos fiscales y además propone la creación del Instituto de la Movilidad como una plataforma destinada a planificar la actividad detrás de objetivos económicos y de agenda verde.
Informalmente el gobierno estimó que para 2041 estará prohibida la fabricación de motores a combustión interna, una fecha que sirve de referencia para pensar en un parque automotor mayormente eléctrico.
Pero ese horizonte tendrá mucho que ver con la ley que finalmente se apruebe en el Congreso. El texto viene de largos meses de redacción en interacción con el sector privado, que acercó propuestas y también manifestó su diferencia en diversos puntos.
Las consultas y sugerencias llegaron desde la industria nacional vinculada a los automóviles eléctricos e híbridos y de la industria automotriz tradicional. Pero también desde la producción minera con negocios en la exportación del litio. Otra fuente de ideas fue el de las energías renovables, que plantea que la movilidad eléctrica debe ser acompañada por la diversificación de la matriz energética.
Las fábricas locales de vehículos sustentables saludaron el anuncio de Fernández y esperan que la ley les garantice un trato especial respecto a los importadores. El presidente de la planta Volt Motors, Daniel Parodi, dijo a Convergencia que el sector espera una política de aranceles favorable a la integración de partes locales. Y pidió que el beneficio sea extensivo al segmento de la micromovilidad, es decir, a las motos, bicicletas y monopatines eléctricos, y al mercado de adaptación de buses a la nueva tecnología.
En cambio, la industria automotriz tradicional puso en duda la “escala” de la plaza local con el argumento de que el país no garantiza los beneficios fiscales que promete el presidente y que la demanda doméstica de baterías de litio no justifica la inversión que exige una fábrica.
Pero empresas como Toyota y BMW, que fabrican las baterías fuera del país, recientemente compraron y exportaron litio por US$ 400 millones y US$ 300 millones, respectivamente, a dos mineras establecidas en las provincias norteñas de Jujuy y Catamarca, lo que sugiere que las multinacionales tienen más razones que la escala local.
Tras las gestiones del Poder Ejecutivo, las dos empresas terminaron dando señales de apertura a la iniciativa oficial, aunque con moderación. Daniel Herrero, presidente de Toyota y también titular de la cámara Adefa, que agrupa a los fabricantes tradicionales de autos, declaró que la Argentina está obligada a adoptar la electromovilidad para no dejar de ser productor mundial de autos y aprovechó la oportunidad para pedir medidas que apunten a agrandar el mercado. El referente regional de BMW, Alexander Wehr, se comprometió a trabajar en la creación de un vínculo entre sus proveedores y la Argentina.