Andrés Manuel López Obrador - Crédito: Presidencia de México
La nacionalización del litio abre una serie de interrogantes sobre el futuro de la explotación del mineral en México, país que está dentro del top ten del ránking mundial de los que tienen más recursos en su territorio.
El oficialista Morena actuó con rapidez dentro del Congreso mexicano luego del traspié que significó el rechazo legislativo a la reforma eléctrica, que ponía límites a la expansión privada en la generación de energía y favorecía el crecimiento de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). El cimbronazo llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a caracterizar como “traidores a la patria” a los legisladores de la oposición.
No habían terminado los ecos de ese desaire cuando Morena le imprimió velocidad al proyecto que reformaba la Ley Minera y logró en muy poco tiempo que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se aprobara el texto oficial sin cambios.
Las dudas. El texto legal que entró en vigor el 20 de abril plantea que el Estado mexicano será el único autorizado para explorar y explotar el litio en el país. La ley declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, además de impedir concesiones y contratos privados para la explotación del mineral, que será solo responsabilidad del Estado por medio de un nuevo organismo descentralizado, Litiomex.
Como consecuencia de la nueva norma, López Obrador anunció que el gobierno federal iniciará la revisión de todos los contratos entre privados que tienen al litio como sujeto. México aún no tiene ninguna producción comercial del mineral, pero existen proyectos en fase exploratoria en Jalisco, Guanajuato, Nogales, Sonora y Puebla. La estrella de los proyectos de litio es el yacimiento de Sonora, considerado por algunos como el más grande del mundo, con recursos por 243 millones de toneladas y reservas por 8,8 millones, y que es gestionado por Bacanora Lithium, firma controlada por la empresa china Ganfeng Lithium. Bacanora tiene un permiso para extraer 35.000 toneladas por año de carbonato de litio.
Las miradas se han posado en este caso concreto, ya que se espera que allí haya algún grado de conflicto. Según abogados especialistas en derecho minero consultados por la prensa mexicana, al imponer el criterio de utilidad pública, el gobierno mexicano estaría anticipando su intención de expropiar las concesiones mineras de litio que ya han sido otorgadas. En ese sentido, estos especialistas apuntan que la reforma recientemente aprobada podría ser contradictoria con los tratados internacionales que México ha firmado, especialmente el que renovó el Nafta, con Estados Unidos y Canadá. Incluso, afirman que al tratarse de una reforma legal y no constitucional, podría ser cuestionada en los tribunales mexicanos.
Para la Cámara Minera de México (Camimex), la “incertidumbre” generada por la sanción de la reforma podría hacer que México pierda poder de atracción de inversiones por US$ 24.200 millones para nuevas minas en los próximos seis años.
La otra duda, planteada también por el sector privado, apunta contra la capacidad del Estado de gestionar la explotación del litio. Según esta mirada, el Estado ya ha demostrado su escasa eficacia en actividades similares y apuntan a la situación de Pemex y la propia CFE como ejemplos concretos de esa insolvencia. Advierten que el discurso nacionalista no resuelve los problemas técnicos de una explotación que se presenta compleja.
Según Camimex, para construir una minera de mediano tamaño se necesita una inversión de cerca US$ 300 millones de dólares, además de la inversión en exploración.
La realidad es que, en primer lugar, no hay una inversión fuerte en exploración mineral en general, ni del litio en particular. El gobierno no ha mencionado hasta ahora cuál es su plan sobre este punto; por caso, el presupuesto Servicio Geológico Mexicano sigue siendo de US$ 2,4 millones para este año.
Otro problema tiene que ver con el tipo de litio que se ha hallado en México. Según las investigaciones, se trata del tipo conocido como “de arcillas”, con muy baja concentración de sales de litio, entre el 0,1 y el 0,5%. Esto implica dos consecuencias. La primera, que se precisan técnicas caras para separar el litio de las areniscas; la segunda, que se precisa un concentrador de mineral para lograr que el litio mexicano sea útil para la fabricación de baterías.
Por último, al excluir al sector privado que extrae litio a nivel global, México podría quedar afuera de las cadenas de valor globales de ese mineral que se componen por las mineras, las transformadoras del carbonato y la industria de baterías. Según esta visión, el flujo de capital va hacia donde se facilita la inversión, no hacia donde se la limita.