Así como la judicialización constante de las medidas regulatorias solía desvelar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y retrasar procesos en el sector, hoy las demoras en la discusión de la legislación secundaria para la reforma en telecomunicaciones complican el calendario de cumplimientos para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). Y las versiones cruzadas de las últimas semanas sobre la escisión de Telmex avivaron el debate alrededor de un punto en particular, la declaración de operadores dominantes.

La polémica gira en torno a una escisión aprobada por accionistas de Telmex en agosto de 2013. Las empresas en cuestión -Alquilador de Casas (ALDECA), Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces (CTBR) y Renta de Equipo (RESA)- operan “en negocios inmobiliarios y de arrendamiento de equipo, no relacionadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones”, salieron a aclarar desde el área de Comunicación de la compañía. Así se respondió a la decisión del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Federal  de denegar el pedido de división y las advertencias del propio Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que alertó que la firma efectivamente espera dividirse en dos filiales para operar en el sector.

La naturaleza de las compañías escindidas es clave para la aplicación de uno de los puntos centrales de la reforma: Telmex tendría más recursos para no ser caratulada como “dominante” por el IFETEL y sortear las obligaciones asimétricas que les serían aplicadas.

El regulador debe determinar qué empresas son actores dominantes antes del próximo 9 de marzo e inició investigaciones al respecto. Si bien el organismo no publicó a qué compañías alcanzan las averiguaciones, tanto Televisa como las filiales de América Móvil, Telmex y Telcel, admitieron que fueron informadas por este motivo. Entre las medidas a aplicar se prevé regulación particular de tarifas y exigencias más altas de calidad de servicio. Sin embargo, la más relevante será la desagregación de la red de los operadores dominantes, lo que permitirá a sus competidores acceder a los medios de conexión desde cualquier punto de la red del dominante que elijan y el punto de acceso a la red propia.

Es más que previsible, desde la sanción de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que los operadores privados del sector intenten realizar movimientos accionarios como hizo Telmex. El problema radica en que uno de los principales objetivos de la nueva legislación era evitar la intervención de la Justicia, debido a que los organismos creados para regular el mercado –tanto el IFETEL como la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE)- deberían ser lo suficientemente expeditivos para resolver cualquier tipo de conflicto.

Leyes secundarias. La prórroga del inicio de la discusión en torno a la legislación secundaria se tradujo en claros incumplimientos de calendario. Su sanción definitiva, según consigna la propia reforma, estaba prevista para el 9 de diciembre de 2013. A pesar de esto, los diputados y senadores no llegaron a adecuar el marco jurídico en tiempo y forma, y decidieron posponer la fecha límite, sin estipulara formalmente.

Los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso aseguraron que el incumplimiento de las fechas pautadas responde a que sus colegas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no presentaron su propuesta para reglamentar la reforma. El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, también se manifestó al respecto, aunque de forma más general. Según Gustavo Madero, presidente del partido, el PAN vigilará que todas las reformas sancionadas en 2013 se reglamenten entre enero y abril.

Conflictos sin resolver. Mientras tanto, el IFETEL aseguró que no detendrá sus actividades por estos motivos. El problema radica en que, a su vez, el ente tiene fechas que cumplir, por lo que se basa en la legislación vigente para tomar las decisiones regulatorias pertinentes. La legislación secundaria debe esclarecer diversos temas que se vieron signados por un profundo nivel de litigiosidad durante el año pasado.

Entre ellos, estipular el nuevo régimen de concesiones de servicios, que influirá en la explotación de las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. En las mismas, habrá más disponibilidad de espectro como resultado de la recuperación de espectro realizado por la SCT y el proyecto de tendido de fibra óptica compartida que fomenta el Estado.

El mercado también espera la definición final de los conceptos “Must Carry” y “Must Offer”, que generó disputas entre varias empresas; la más resonante fue la queja elevada por TV Azteca contra Dish, aunque otras televisoras también incluyeron las señales abiertas a sus ofertas. Además, lanzar dos cadenas nacionales de televisión y prohibir subsidios cruzados. También hay gran expectativa en torno a la posibilidad de que, una vez adecuado a la nueva legislación, América Móvil pueda ingresar al mercado de televisión paga.