Si bien entró en vigor desde el pasado 25 de agosto, la Unión Europea (UE) aún tiene asuntos pendientes de resolución para aplicar la Ley de Servicios Digitales (DSA). Por ejemplo, todavía no se definió la oficina de la Comisión Europea que estará encargada de implementar la nueva norma. Otras muestras de confusión en la forma de llevar a cabo la ley se visualizan en las quejas legales y demandas de ONG y las críticas de analistas independientes, que señalan sus limitaciones técnicas.