El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como divisa de curso legal. Esto, que parecía una apuesta revolucionaria, trajo discusiones que trascendieron las fronteras del país y animaron los debates en conferencias eventos y medios de comunicación. La medida fue ampliamente criticada por el Fondo Monetario Internacional, que semanas antes de su adopción oficial había iniciado negociaciones con el gobierno de El Salvador y pactado un préstamo por US$ 1.300 millones. Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo sostuvo que la adopción del bitcoin no era una solución adecuada; el Banco Mundial rechazó el pedido de ayuda del gobierno para la implementación de la ley. La entidad aseguró que le preocupaba la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del minado.