La oposición consiguió los votos en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para lograr mayoría en el dictamen de rechazo. Ahora deberá ser tratado por ambas cámaras y el oficialismo deberá conseguir los votos para que entre en vigencia.

La crítica de los legisladores de la oposición es reglamentaria y de procedimiento, aducen que lo que sanciona el DNU se encuentra dentro del proyecto de ley Corta que ya tiene medio aval de Senadores y continúa su trámite parlamentario en la comisión de Informática y Comunicaciones de Diputados.

“El tema de Arsat lo tratamos responsablemente, se llevaron adelante ocho reuniones en comisión del Senado, la participación fue amplísima, el Senado aprobó el tema, y ahora está en tratamiento en diputados. Permitir que el Presidente a través de un DNU de todo el proyecto extraiga solo un artículo, que quizás es el que le interesa, me parece que es un avasallamiento que en el Congreso no podemos permitir”, se quejó María Cristina Fiore, senadora del Partido Renovador de Salta.

Para Anabel Fernandez Sagasti (FPV), la norma es inconstitucional porque “no hay necesidad ni urgencia para desviar o saltear las atribuciones del Congreso, dentro del fundamento del decreto no hay ni una coma en argumentar cual es la necesidad”.

“El Ejecutivo menoscaba el trabajo que hizo este Congreso para preservar los contenidos y empresas del interior. Para que exista inversiones en el sector se necesita un marco jurídico sancionado por el Congreso, que sea estable y permanente”, afirmó el senador Daniel Lavera (PJ La Pampa). Y consideró que si el tema era “tan importante” el Ejecutivo lo debió incluir en las sesiones extraordinarias en lugar de hacerlo a través de un DNU.

En contraposición, Pablo Tonelli, de Cambiemos, sostuvo el DNU estuvo motivado en “la necesidad de brindarle a los operadores privados de telefonía celular mayores frecuencias de las que disponen hoy en día porque el crecimiento del tráfico es exponencial”.