Los llamados “Last Milers” (en español, última milla), es decir, las plataformas especializadas en trasladar los pedidos online desde los puntos de distribución a los hogares de los usuarios, se volvieron un punto clave para el crecimiento de ventas por Internet de los retails, que buscan la externalización de la cadena de suministro. A nivel global, se estima que las empresas dedicadas a esta última milla del e-commerce ganen US$ 4.890 millones a fines de 2024.
El modelo de negocio de los “Last Milers” está basado en el uso de la tecnología, con geolocalización y uso de Big Data y según dicen las propias empresas, en los principios de economía colaborativa. Se definen como intermediarios entre los choferes independientes y los usuarios. El debate central gira en torno a la regulación y las condiciones laborales de los mensajeros, en especial por la seguridad social o los posibles accidentes laborales.
Marcos Pueyrredón, Global VP de los mercados hispanos de VTEX y Presidente del eCommerce Institute, asegura que hoy el desafío está en incorporarlos a la estrategia de canales, para que articulen los servicios propios de entregas express. De todas formas, en un e-commerce maduro, el “pick up store”, es decir, el retiro en puntos de entrega, ronda en el 80% de las operaciones. Aquí radica la importancia de la tienda física para poder retirar las compras: GPSFarma, una plataforma creada por Droguerías del Sud (que abastece a 8.000 de las 13.000 farmacias de Argentina), factura por mes alrededor de US$ 400.000, con la opción de retiro en tienda como palanca de su crecimiento.
Las industrias de alimentos y cosmética destronaron a la de electrónica en cuanto a maduración de negocio, como explicó a Convergencialatina Gustavo Sambucetti, director Institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En el último CyberMonday, a principios de noviembre, participaron 560 marcas y se facturó un total de US$ 200 millones, un 64% más en facturación en comparación con el CyberMonday 2018. Para el ecosistema de estas industrias, incorporar a los last milers abarata el costo de la logística, que repercute en la experiencia de compra del usuario.
Rappi opera en siete países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. La startup colombiana tiene en total unos 100.000 repartidores repartidos en estos países. Cornershop, de origen chileno, opera de manera similar, pero en Chile, México, Canadá y Perú. Walmart quiso adquirirla pero la transacción se trabó por cuestiones regulatorias. El que sí avanzó fue Uber y se espera que en 2020 se concrete la operación para que empiece a dar servicios en el resto de los países de la región.
Regulación
En Colombia, el partido Alianza Verde presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca regular las plataformas como Rappi, Ubereats, entre otras. Puntualmente, propone que debe haber una póliza de riesgo de accidentes, una de lucro cesante y se debe garantizar la formalización laboral, con aportes y pensiones.
En tanto, en Argentina, la Justicia le solicitó al Gobierno que prohíba la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que se cumpla con las medidas de seguridad exigidas por el Código de Tránsito y Transporte local, pero la ambigüedad entre el concepto de colaboradores y empleados genera un vacío legal que aún persiste.
Mientras tanto, se pidió la inscripción de la Asociación de Personal de Plataformas en América en Argentina, que representará a las más de 20.000 personas que trabajan a través de las apps en el país. De estas, 12.000 corresponden a Rappi.
Otro de los esfuerzos de regulación en América latina se da en Chile, con el proyecto de ley “Mi jefe es una app”, del diputado Giorgio Jackson y su par Maite Orsini de Revolución Democrática y del Frente Amplio. Entre los puntos más importantes, se destaca la creación de un contrato de trabajo, que debe contener ciertas estipulaciones mínimas, tales como la fecha del contrato, la individualización de las partes y las condiciones. También se contempla la seguridad laboral, el derecho a la sindicalización y el derecho a accionar por despidos injustificados.