La Secretaría de Comunicaciones (Secom) estableció hoy la "nulidad absoluta" de la resolución que otorgaba en forma gratuita a Nahuelsat la posición orbital de los 81º Oeste. Se trataría del primer paso para la conformación de la Empresa Nacional de Servicios Satelitales, la nueva iniciativa satelital de capital estatal y privado. La estrategia implica un nuevo embate de la administración del presidente Néstor Kirchner a una empresa de servicios privatizada.
La decisión de la Secom recogió diferentes argumentos esbozados entre1998 y 2003, que discutían la razonabilidad y la legitimidad de haber otorgado la posición orbital –un recurso escaso- a Nahuelsat sin cargo. La posición en los 81º Oeste, muy valiosa ya que permite cubrir todo el continente americano, fue obtenida por el Estado argentino mediante una negociación con la administración de los Estados Unidos para permitir operar en Argentina a los satélites con bandera estadounidense. Una vez conseguida en 1998, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) entregó la posición a Nahuelsat. Pero, según la resolución de la Secom, en ese entonces no se analizó la evolución de la demanda, el plan técnico de la compañía, y tampoco se aguardó la coordinación de bandas con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo que se encarga de otorgar las posiciones orbitales.
El Gobierno argentino ahora recuperó la posición orbital, un recurso básico para armar un operador satelital. La Empresa Nacional de Servicios Satelitales financiará la construcción en el país por parte de la dupla estatal CONAE-INVAP de un segundo satélite argentino. El Estado tendría el 5% del capital del operador. Distintas fuentes han señalado que en la compañía participarían la propia Nahuelsat, el Grupo Clarín, CTI Móvil, Aeropuertos Argentina 2000, algunos gobiernos provinciales del sur del país y diversas cooperativas locales. A su vez, parte de la financiación se buscaría en la Bolsa de Valores de Buenos Aires.
El plan del Gobierno es construir dos satélites de fabricación nacional, a un costo de US$ 150 millones cada uno. Además, sondea la posibilidad de exportar otras dos unidades a Venezuela bajo el convenio comercial por el cual la Argentina recibirá combustible (una de las medidas para paliar los inconvenientes energéticos). Habría incluso conversaciones preeliminares con China para que su lanzador, Long March, coloque las unidades en órbita. Sin embargo, Argentina está urgida por el tiempo. Debido a demoras de Nahuelsat en la construcción del satélite, el Gobierno tuvo que pedir una prórroga de dos años en 2003. Sin embargo, ningún satélite pasa de los planos al espacio en menos de tres años: es decir, la administración actual tendrá que realizar una nueva gestión para no perder el recurso. La iniciativa del gobierno argentino se inscribe en el nuevo marco latinoamericano en el que los gobiernos buscan asumir un rol activo en el manejo de los satélites.
Otro interrogante del mercado es conocer qué ocurrirá con los accionistas de Nahuelsat, luego de la decisión oficial. EADS (Daimler Chrysler, CASA y Aerospatiale) y Finmeccanica impulsaban el proyecto ya que su actividad principal en el área espacial es la construcción y lanzamiento de satélites. Ese entusiasmo habría durado hasta 2003, cuando la Secom esbozó por primera vez la iniciativa de construir el satélite localmente. Por su parte, el tercer gran accionista de Nahuelsat, SES Global, la mayor flota del mundo, se opuso al proyecto desde un principio y dejó de concurrir a las reuniones de directorio. SES Global sostiene que en América latina existe un exceso de capacidad y que no es el momento de lanzar nuevos satélites con cobertura sobre la región.