La decisión del Consejo de Ministros de España de aprobar la denominada 'tasa Google' impactó en los debates sobre el gravamen que se da tanto en la Unión Europea (UE) como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno a la aplicación de impuestos a las grandes empresas digitales. Desde la OCDE consideran que la medida tomada por España resuelve parcialmente el problema al no contar con una forma de coordinación a escala internacional para debatir cambios de las reglas fiscales que determinan en qué país tienen que pagar los impuestos las multinacionales en función de dónde desarrollan su negocio.