En 1999, Uruguay solicitó ocho posiciones orbitales a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Un año después, cuando el organismo requirió el pago del canon correspondiente,  renunció a seis órbitas satelitales y reservó solo dos de ellas: 78º Oeste y 75.5º. El país aún tiene una deuda de US$ 150.000 por el impago de esas seis redes satelitales que fueron resignadas.

Con ese antecedente, la Cámara de Diputados uruguaya ratificó en diciembre pasado el proyecto de ley que otorga la posición orbital uruguaya 78º Oeste a la República Bolivariana de Venezuela para que invierta, instale y opere el satélite comercial "Venesat 1", en el marco del proyecto Sistema Satelital Simón Bolívar. El texto fue aprobado únicamente con votos del oficialista Frente Amplio, ya que la oposición calificó el acuerdo como “inconveniente en términos económicos y de soberanía nacional”. De acuerdo con la oposición uruguaya, el joint venture entre los países podría ocasionar problemas si Venezuela intenta usar el satélite con fines militares. Sin embargo el acuerdo manifiesta que de intentarse un uso militar del aparato, Venezuela será sancionada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

El convenio estipula que el satélite se destinará, exclusivamente, al tráfico de telecomunicaciones de carácter gubernamental. Venezuela deberá actuar de acuerdo a las características técnicas y reglamentarias que se coordinen y registren ante la UIT y hacerse cargo de la infraestructura, costos de lanzamientos y cualquier eventual daño que pueda producirse. A cambio de la posición orbital Venezuela le garantiza a Uruguay sin costo y contra demanda el uso de hasta el 10% de la capacidad operativa del aparato, lo que representaría US$ 50 millones si el satélite cumple con la vida útil programada, que ronda entre los 10 y 15 años.

El presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) de Uruguay, León Lev, explicó a Según informó a LatSat Análisis que los transpondedores se destinarán al acceso a la televisión digital, a la televisión pública, a la administración de las empresas estatales, a telemedicina, teleeducación, a la informatización del sistema del Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Loterías y seguridad de los bancos oficiales. 

El artículo 8 del tratado establece que Venezuela capacitará recursos humanos uruguayos y se establecerá una línea de investigación conjunta en materia aeroespacial. Venezuela tendrá dos estaciones terrenas y Uruguay se hará cargo de la estación terrena de Antel, la telefónica estatal uruguaya, ubicada en Arroyo de Manga.

El satélite, que se lanzará al espacio en 2008 y estará operativo en el primer trimestre de 2009, es producto de un acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y la empresa China Great Wall Industry, encargada de la construcción. El contrato con la compañía china incluyó la participación y capacitación de 90 profesionales venezolanos en la fabricación del aparato, que tendrá una vida útil de 15 años. El proyecto demandó al Estado venezolano una inversión de US$ 229 millones. El desembolso incluye la compra del satélite, las estaciones terrenas de control, el telepuerto y el lanzador, mientras que el aporte de Uruguay se limita a la posición orbital y a una estación terrena de control.