La Unión Europea se encamina a convertirse en la primera potencia global que regule los aspectos centrales de los negocios de las big tech: de aprobarse dos normas específicas, Amazon, Apple, Microsoft, Google y Facebook deberían dejar de vender con privilegios sus propios servicios dentro de sus plataformas. Es el caso del servicio de publicidad de Google. El proyecto le impone dar espacio a otros ad servers y proveedores para que compitan en igualdad de condiciones con Google Adsense dentro de la plataforma de Google. Para que esto suceda, el Parlamento Europeo debería cumplir con su compromiso de comenzar a tratar los dos proyectos de ley en 2022. Ambos textos fueron presentados por las autoridades de la Comisión Europea en diciembre de 2020 como el “paquete digital” europeo. Uno es la Ley de Servicios Digitales, y el otro, la Ley de Mercados Digitales.
Las medidas están destinadas a determinar la forma en que la UE regula los mercados digitales. Se amenaza con grandes multas y rupturas por incumplimiento. Se propone que, si las empresas incumplieran las normas, podrían verse obligadas a entregar hasta el 10% de su facturación europea. Y se advierte a los "infractores recurrentes" que se les podría obligar a vender "determinadas empresas, en las que no se dispone de otra medida alternativa igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento".
Estas son las reglas. El objetivo con la Ley de Servicios Digitales es unificar diversos criterios nacionales en un único conjunto de reglas para todos los países de la Unión. En lo discursivo, el texto propugna mayor seguridad en línea para los usuarios europeos, una mayor protección de la libertad de expresión y un mayor control sobre las grandes empresas de tecnología, incluyendo la obligación de que rindan cuentas.
Entre las novedades que suma este proyecto se encuentra la introducción de una escala móvil según la cual las empresas asumen más obligaciones cuanto más grandes e influyentes son. Así, por ejemplo, todas las empresas de Internet deben proporcionar a los usuarios una forma de ponerse en contacto y los medios para ver sus términos y condiciones. Del mismo modo, los operadores de plataformas en línea deberán priorizar las quejas planteadas por los llamados trusted flaggers (algo así como "abanderados de confianza"), que tienen un historial de destacar problemas válidos.
Además, todos los marketplace tendrán la responsabilidad de rastrear la legalidad de los productos que se ofrezcan en su plataforma. Ello implicará verificar la identidad de quienes son sus vendedores antes de que puedan ingresar a la plataforma. En la actualidad muchos Marketplace hacen ese trabajo, pero si llega a aparecer mercadería ilegal no son legalmente responsables por ello. Si se vota la norma, pasarán a serlo.
En materia de escrutinio público, los jugadores más importantes deberán someterse a una auditoría independiente anual para verificar que están siguiendo las reglas. Además, una vez al año deberán publicar un informe sobre su manejo de los principales riesgos, incluidos los usuarios que publican contenido ilegal, desinformación que podría influir en las elecciones y la focalización injustificada de grupos minoritarios.
Sin privilegios. La Ley de Mercados Digitales, en tanto, se centra en la regulación de las grandes firmas que están detrás de los servicios digitales que otras empresas utilizan para ofrecer sus propios productos. Claramente, tiene por universo a los operadores de buscadores, redes sociales, aplicaciones de chat, servicios de computación en la nube y sistemas operativos, entre otros.
Las nuevas reglas para este quinteto incluirían la obligación de informar al regulador de cualquier adquisición planificada de otro servicio; no tratar su propio servicio de manera más favorable que el de sus rivales al decidir en qué orden mostrarlos en la pantalla; no utilizar los datos recopilados a través de su servicio principal para lanzar un producto que competirá con otras empresas establecidas; permitir a los usuarios desinstalar aplicaciones preinstaladas en su plataforma y usar software diferente. La comisión podría imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual de una empresa en Europa en virtud de la Ley de Servicios Digitales y del 6% en virtud de la Ley de Mercados Digitales.