El grupo integrado por la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (Cacpy), la Cámara Argentina de Internet (Cabase), más las operadoras Telecom, Telefónica y DirecTV acordaron la redacción del texto que define como objetivo aportar al impulso de “regulaciones virtuosas, modernas, con miradas de largo plazo” para el desarrollo de infraestructura y servicios TIC que impacten en la competitividad del sector.

En la presentación, se destacó que el grupo adherente representa al 80% de la industria y se convocó a las empresas restantes a sumarse. En ese grupo, el jugador de mayor envergadura es Claro. Las grandes empresas de la Economía del Conocimiento estarían dentro por tener representación en Cabase.

El lanzamiento del Manifiesto tuvo lugar en las Jornadas Internacionales de ATVC, que finalizaron este jueves en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en una conferencia de prensa que dieron los titulares de Fecosur, Antonio Roncoroni; de Cabase, Ariel Graizer; y de Cacpy, Marcelo Tulissi.

“El primer defecto de la industria es que nunca se presenta como tal sino en organizaciones individuales, entonces lo primero que tenemos que decir es quienes somos”, expresó Roncoroni, que proyectó que “hay muchos actores que se van a incorporar tanto de la industria como del ecosistema digital”.

El referente de Fecosur saludó la “generosidad de las grandes telefónicas” que se prestaron a debatir con los jugadores de menor envergadura. Y agregó: “Llegamos a la conclusión de que somos 80 mil puestos fijos y 40 mil indirectos y que el 30% de eso está en las pymes y cooperativas. La interconexión con las grandes es para estar disponibles para más sectores; hoy representamos el 5% del PBI indirecto y lo que tenemos para crecer es otro tanto”, por lo que “la industria tiene que empezar a proponer de qué manera crecemos”.

En esa línea, abogó por una regulación inteligente y estable “a diez años”, que trascienda los cambios de gobierno, en el marco de una integración horizontal y vertical, “con el Estado contento, sin cautelares que ahuyentan la inversión”. Roncoroni retomó sin embargo la crítica del DNU 690 y planteó que el “congelamiento no va a ser el que genere el servicio de calidad”.

Tulissi agregó que el documento es el cimiento de la construcción de ideas por parte de la industria para conectar a los habitantes del país. La dirección del documento, dijo, es hacia el interior de la industria y hacia la política. “La regulación tiene que estar pensada a mediano y largo plazo para no quedar a mitad de camino”, argumentó en relación a la dinámica de la industria.

Graizer señaló que “hoy 2.000 empresas no podemos pagar las direcciones IP y así no puede funcionar nada. Antes eso se pagaba con un giro bancario, pero ya no se puede hacer de esa manera. Esta es una industria de capital intensivo; enterramos nuestras inversiones, por lo que necesitamos esa previsibilidad”.

En 2019, las tres compañías grandes del sector, Telefónica, Claro y Telecom, conformaron lo que se denominó como la Mesa Empresaria de la Industria TIC, con el espíritu de ampliar el debate a otros sectores del empresariado y a los gremios del ambiente con la meta de enriquecer la discusión. En aquella ocasión Convergencia dio cuenta de la invitación a Fecosur y también a otras entidades como Fecotel o Colsecor. Estas dos últimas no firmaron el documento presentado en la conferencia de este jueves.

Tampoco hubo dirigentes de Telefónica y Telecom, según se dijo, porque el espíritu fue que en el lanzamiento tuvieran la palabra las pymes y cooperativas.

La iniciativa por pocos días no coincidió con la presentación de otro espacio para el encuentro empresarial denominado Infraestructura Digital Argentina (IDA) y presidido por Alejandro Lastra, directivo de Telefónica.

IDA también se definió como un ámbito para la discusión de políticas pro desarrollo de la infraestructura digital y se anticipó por apenas horas al Manifiesto de la Industria TIC, lo que disparó una suerte de grieta, según confiaron en reserva algunos dirigentes que caminaron los pasillos del evento de ATVC.

Al margen de esto, la presentación del documento se consideró histórica por las tradicionales diferencias de intereses entre las empresas y cámaras representativas.

Las dudas aparecieron en relación a los pasos a futuro. Frente a consultas de Convergencia sobre alternativas puntuales para superar el Decreto 690 los dirigentes respondieron frases como “dialogando con el sector público”. También fueron abiertas cuando este medio les preguntó a quién consideran como interlocutor político válido. La respuesta fue “el Estado”, una señal de la expectativa a futuro, en un panorama que entre sus atractivos principales tiene las elecciones presidenciales 2023. Específicamente sobre el tema, se consideró que "el sector tiene que estar representado en la campaña 2023".

El manifiesto será presentado a todos los candidatos, de acuerdo a lo planteado y en sintonía con el concepto de auspiciar regulaciones que superen las limitaciones cortoplacistas.