Mientras el Gobierno federal sigue confiado en que a fines de julio podrá lanzar la licitación de espectro para 5G y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) continúa con su análisis dentro de los plazos previstos, comienzan a surgir algunos interrogantes sobre ciertos aspectos del concurso, especialmente en lo relacionado con las obligaciones impuestas por el Gobierno a los ganadores, que es la financiación de una red exclusiva para el Estado y el de la red subfluvial del Programa Amazonia Integrada y Sustentable (PAIS), por un monto total aproximado de US$ 464,6 millones para los dos, según los cálculos más optimistas.