El fallo difundido el 25 de julio generó extrañamiento en el sector. A lo largo de 20 años hubo cambios en las leyes que regulan los contratos, lo que generó distintas lecturas e interpretaciones por parte de operadores y gobiernos. Los operadores especulaban con que el Ejecutivo sólo les exigiría el equivalente en dinero por espectro e infraestructura de lo agenciado entre 1994 y 1998. Pero no imaginaron que tendrían que afrontar la obligación de solventar un monto semejante a los activos adquiridos en 20 años de operación: Claro deberá pagar al gobierno US$ 1.000 millones y Telefónica cerca de US$ 535 millones.